En una subasta judicial usted no vende al valor de tasación. La ley permite aprobar el remate a partir del cincuenta por ciento del valor de subasta, y a partir del cuarenta en algunos casos, mientras al comprador le basta inmovilizar el veinte por ciento para entrar a pujar.
Quien busca información sobre la subasta judicial de un inmueble en proindiviso se encuentra con dos clases de página. Las de los despachos, que dicen que la subasta es el último recurso y poco más. Y las de los compradores de proindiviso, que explican lo arriesgada que es la subasta y le ofrecen comprarle la cuota.
Los segundos tienen un conflicto de interés evidente: su negocio consiste en adquirir cuotas por debajo de su valor. Lo que ninguno de los dos hace es poner los números.
El punto de partida es el artículo 400 del Código Civil: ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad, y cada uno puede pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común. El pacto de conservar la cosa indivisa es válido, pero por tiempo determinado no superior a diez años, prorrogable solo por nueva convención expresa.
Que la acción no caduque no está en el 400 sino en el artículo 1965, que declara que no prescribe entre condueños la acción para pedir la división de la cosa común. Conviene citar el precepto correcto: el 400 da la facultad, el 1965 impide que se extinga por el paso del tiempo.
El problema llega con el artículo 404: cuando la cosa es esencialmente indivisible y los condueños no convienen en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se vende y se reparte el precio. Y el artículo 1062, aplicable por la remisión del artículo 406, cierra la puerta en su párrafo segundo: basta que uno solo de los partícipes pida la venta en pública subasta, con admisión de licitadores extraños, para que así se haga.
La adjudicación a un comunero con compensación en dinero exige acuerdo. La subasta, no: la puede forzar uno solo.
Eso significa que quien quiere salir tiene en la mano una palanca que el que quiere quedarse no tiene. Y también, leído al revés, que el que quiere quedarse no dispone frente al otro de un derecho de adquisición preferente que pueda imponerle.
Desde el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, la acción de división de la cosa común se tramita por juicio verbal por razón de la materia, con independencia de la cuantía, por el nuevo ordinal 16.º del artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La cuantía sigue fijándose —de ella dependen las costas y los recursos— y para la división de la cosa común se calcula por el valor de mercado del inmueble al tiempo de la demanda, con el valor catastral como suelo.
Antes de dar una sola cifra hay que advertir de esto, porque invalida la mayor parte del contenido que circula, incluido el de despachos grandes.
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2025), reescribió el régimen de la subasta judicial de inmuebles. Todo lo escrito con anterioridad sobre el cinco por ciento de depósito, los cuarenta días para consignar el resto y la adjudicación al acreedor cuando la subasta queda desierta ya no sirve.
Esta es la comparación, con el régimen anterior tomado de los textos de la Ley 19/2015 y de la Ley 1/2013 tal como se publicaron en el BOE, y el vigente del preámbulo de la propia Ley Orgánica 1/2025:
| Hasta la reforma | Tras la Ley Orgánica 1/2025 | |
|---|---|---|
| Depósito para pujar (inmuebles) | 5 % del valor | 20 % del valor de subasta, mínimo 1.000 € |
| Plazo para pagar el resto del precio | 40 días | 20 días |
| Aprobación del remate (inmueble que no es vivienda habitual) | 70 % del valor de salida | 50 %, o 40 % si con ello se satisface íntegramente al ejecutante |
| Vivienda habitual | 70 %, o 60 % si lo debido era inferior | 70 %, y no menos del 60 % si se cubre toda la deuda |
| Mejora de postura por tercero | 70 % | 60 % |
| Subasta desierta | El acreedor podía adjudicarse el bien al 50 %, o al 70/60 % en vivienda habitual | El ejecutante pierde esa facultad; a instancia del ejecutado se alza el embargo |
La reforma se aplica, según la disposición transitoria de la propia ley orgánica, a los procedimientos de ejecución incoados a partir de abril de 2025.
Este es el dato que decide si conviene negociar o litigar, y conviene leerlo del preámbulo del BOE y no de un blog. Dice, en sus propios términos, que los umbrales de remate o adjudicación quedan «en bienes muebles, el 30 por 100; en inmuebles, el 50 por 100, o el 40 por 100 si la deuda total es menor», y que por debajo de esos porcentajes se requiere decisión favorable del Letrado de la Administración de Justicia, previa audiencia de las partes.
Traducido a lo que usted se juega: si su piso sale a subasta con un valor de 300.000 euros, la ley permite aprobar el remate en 150.000. Y por debajo de esa cifra no está prohibido: está sujeto a que el Letrado de la Administración de Justicia lo acuerde motivadamente, oídas las partes, a la vista de las circunstancias del caso.
Sobre ese precio hay que descontar después los gastos del procedimiento: tasación, anuncios, registro. En la división de la cosa común esos gastos se reparten entre los copropietarios en proporción a su cuota, por aplicación del artículo 395 del Código Civil.
Para la vivienda habitual el régimen es más protector: el preámbulo señala que no se adjudicará por debajo del setenta por ciento de su valor de subasta, salvo que se cubra toda la deuda, caso en el que el mínimo es el sesenta por ciento.
El otro lado de la mesa. Para entrar a pujar por su inmueble, un tercero necesita depositar, según el mismo preámbulo, el veinte por ciento del valor de subasta, con un mínimo de mil euros. Y disponer de veinte días para pagar el resto.
Es cuatro veces más que el cinco por ciento que exigía el régimen anterior, y ese endurecimiento juega a favor del copropietario: filtra a los pujadores sin capacidad real. Pero sigue siendo cierto que quien quiera su piso de 300.000 euros puede sentarse a pujar inmovilizando 60.000, y llevárselo por 150.000.
Aquí la reforma de 2025 cambia la lógica de raíz, y es el punto que menos se ha difundido.
Antes, si no había postores, el acreedor ejecutante podía pedir la adjudicación del bien por el cincuenta por ciento del valor de salida, o por el setenta o el sesenta en vivienda habitual. Esa facultad ha desaparecido. Ahora, si no hay postores, a instancia del ejecutado se procede al alzamiento del embargo; alternativamente el ejecutado puede presentar un tercero que se adjudique el bien por al menos el cincuenta por ciento, o por cantidad que cubra íntegramente el crédito con un mínimo del cuarenta; y una nueva subasta exige acuerdo de ambas partes o un convenio de realización.
Todo lo anterior está escrito pensando en una ejecución: un acreedor que cobra y un deudor que pierde el bien. En la división de la cosa común no hay nada de eso. Hay dos copropietarios y un inmueble que se realiza para repartir el precio.
Esa diferencia no es teórica: hace que los preceptos sobre aprobación del remate y subasta desierta se apliquen con adaptaciones y de forma no pacífica. Lo que la práctica forense viene haciendo, y que conviene saber antes de entrar:
De ahí que el pliego de condiciones sea el documento más importante del procedimiento y el que más conviene pelear. Se redacta una vez.
Antes de aceptar un precio de subasta hay tres caminos que la ley reconoce y que se descartan por desconocimiento.
Y dos advertencias que ahorran disgustos. El artículo 405 establece que la división no perjudica a tercero, que conserva sus derechos de hipoteca y demás derechos reales: extinguir el condominio no le quita la hipoteca, para eso hace falta el consentimiento del acreedor. Y el artículo 403 permite a los acreedores concurrir a la división y oponerse a la que se verifique sin su concurso.
Aquí se decide mucho dinero y es donde más liquidaciones se hacen mal.
El artículo 7.2.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados considera transmisiones patrimoniales los excesos de adjudicación declarados, salvo los que surjan de dar cumplimiento, entre otros, al artículo 1062, párrafo primero, del Código Civil. Es decir: el exceso inevitable por indivisibilidad no está sujeto a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas.
Y la sentencia del Tribunal Supremo 344/2019, de 14 de marzo de 2019 (Sala Tercera, Sección Segunda, recurso de casación 5404/2017, ROJ STS 960/2019, ECLI:ES:TS:2019:960, ponente Merino Jara) fija el criterio interpretativo en estos términos:
«La extinción de un condominio, en el que se adjudica a uno de los condóminos un bien indivisible, que ya era titular dominical de una parte de este, a cambio de su equivalente en dinero, no está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas sino a la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados.»
Esa misma sentencia establece además que la base imponible es el cincuenta por ciento del valor comprobado, no el total: solo la parte que se adquiere de nuevo. El sujeto pasivo es el adquirente, y el tipo de la cuota gradual lo fija la comunidad autónoma.
Dos precisiones más que valen dinero:
En la extinción parcial subjetiva —reducir el número de comuneros sin extinguir la comunidad— el criterio predominante de la Dirección General de Tributos en sus consultas vinculantes ha sido tratarla como transmisión de cuotas sujeta a transmisiones patrimoniales, no como disolución. Es exactamente donde más se juega el cliente, y donde más conviene planificar la operación antes de firmar en vez de discutirla después en una liquidación.
Se trata de doctrina administrativa, no de jurisprudencia, y conviene decirlo con claridad: no es lo mismo tener a favor una consulta de la Dirección General de Tributos que una sentencia del Tribunal Supremo.
Según el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2025, el remate de un inmueble se aprueba con una postura igual o superior al cincuenta por ciento del valor de subasta, o al cuarenta por ciento si con ello se satisface íntegramente al ejecutante. Por debajo de esos porcentajes cabe decisión motivada del Letrado de la Administración de Justicia, oídas las partes. En vivienda habitual el mínimo es el setenta por ciento, o el sesenta si se cubre toda la deuda.
El veinte por ciento del valor de subasta, con un mínimo de mil euros, y el resto del precio se paga en veinte días. Antes de la reforma de 2025 el depósito era del cinco por ciento y el plazo de cuarenta días.
Sí, y es la vía que mejor resultado da. En las subastas por división de cosa común los comuneros pueden pujar sin constituir depósito, y el comunero adjudicatario solo consigna la parte del precio que excede de su propia cuota.
Puede obligar a dividir. El artículo 400 del Código Civil permite a cualquier copropietario pedir la división en cualquier tiempo, y el párrafo segundo del artículo 1062 establece que basta que uno solo pida la venta en pública subasta con admisión de licitadores extraños para que así se haga. Lo que no puede imponerle es un precio ni adjudicarse el inmueble sin su acuerdo.
Solo una: si el inmueble es un edificio cuyas características lo permitan, el artículo 401, párrafo segundo, del Código Civil permite que la división se realice adjudicando pisos o locales independientes a solicitud de cualquiera de los comuneros, sin necesidad de acuerdo.
Cuando se adjudica un bien indivisible a un condómino que ya era titular de una parte, a cambio de su equivalente en dinero, la operación no está sujeta a transmisiones patrimoniales onerosas sino a la cuota gradual de actos jurídicos documentados, según la sentencia del Tribunal Supremo 344/2019, de 14 de marzo. La base imponible es el cincuenta por ciento del valor comprobado, y el sujeto pasivo el adquirente.
Sí. La sentencia del Tribunal Supremo 1502/2019, de 30 de octubre, declara que la asunción de la deuda hipotecaria constituye compensación en metálico, y que la respuesta no varía porque las participaciones de los copropietarios fueran distintas.
No. El artículo 405 del Código Civil establece que la división no perjudica a tercero, que conserva sus derechos de hipoteca. Para quedar liberado frente al banco hace falta su consentimiento.
No. El artículo 1965 del Código Civil declara que no prescribe entre condueños la acción para pedir la división de la cosa común.
Juan A. Bartolomé Hernández · Abogado · Colegiado nº 93.470 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Ejerce en One Serrano Abogados, en Calle Serrano 93, Madrid, en derecho inmobiliario, contractual y bancario, y lleva habitualmente procedimientos de extinción de condominio y división de la cosa común. Los porcentajes de subasta que se citan proceden del preámbulo de la Ley Orgánica 1/2025 publicado en el BOE, y el régimen anterior de los textos de la Ley 19/2015 y la Ley 1/2013 tal como se publicaron.