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Subasta judicial por división de cosa común: cuánto se pierde de verdad

Extinción de condominio · División de la cosa común · Publicado el 12 de octubre de 2026 · 14 min de lectura

En una subasta judicial usted no vende al valor de tasación. La ley permite aprobar el remate a partir del cincuenta por ciento del valor de subasta, y a partir del cuarenta en algunos casos, mientras al comprador le basta inmovilizar el veinte por ciento para entrar a pujar.

Quien busca información sobre la subasta judicial de un inmueble en proindiviso se encuentra con dos clases de página. Las de los despachos, que dicen que la subasta es el último recurso y poco más. Y las de los compradores de proindiviso, que explican lo arriesgada que es la subasta y le ofrecen comprarle la cuota.

Los segundos tienen un conflicto de interés evidente: su negocio consiste en adquirir cuotas por debajo de su valor. Lo que ninguno de los dos hace es poner los números.

1. Por qué un piso acaba en subasta

El punto de partida es el artículo 400 del Código Civil: ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad, y cada uno puede pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común. El pacto de conservar la cosa indivisa es válido, pero por tiempo determinado no superior a diez años, prorrogable solo por nueva convención expresa.

Que la acción no caduque no está en el 400 sino en el artículo 1965, que declara que no prescribe entre condueños la acción para pedir la división de la cosa común. Conviene citar el precepto correcto: el 400 da la facultad, el 1965 impide que se extinga por el paso del tiempo.

El problema llega con el artículo 404: cuando la cosa es esencialmente indivisible y los condueños no convienen en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se vende y se reparte el precio. Y el artículo 1062, aplicable por la remisión del artículo 406, cierra la puerta en su párrafo segundo: basta que uno solo de los partícipes pida la venta en pública subasta, con admisión de licitadores extraños, para que así se haga.

La asimetría que hay que entender antes de negociar

La adjudicación a un comunero con compensación en dinero exige acuerdo. La subasta, no: la puede forzar uno solo.

Eso significa que quien quiere salir tiene en la mano una palanca que el que quiere quedarse no tiene. Y también, leído al revés, que el que quiere quedarse no dispone frente al otro de un derecho de adquisición preferente que pueda imponerle.

Desde el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, la acción de división de la cosa común se tramita por juicio verbal por razón de la materia, con independencia de la cuantía, por el nuevo ordinal 16.º del artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La cuantía sigue fijándose —de ella dependen las costas y los recursos— y para la división de la cosa común se calcula por el valor de mercado del inmueble al tiempo de la demanda, con el valor catastral como suelo.

2. La reforma de 2025 deja obsoleto casi todo lo publicado

Antes de dar una sola cifra hay que advertir de esto, porque invalida la mayor parte del contenido que circula, incluido el de despachos grandes.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2025), reescribió el régimen de la subasta judicial de inmuebles. Todo lo escrito con anterioridad sobre el cinco por ciento de depósito, los cuarenta días para consignar el resto y la adjudicación al acreedor cuando la subasta queda desierta ya no sirve.

Esta es la comparación, con el régimen anterior tomado de los textos de la Ley 19/2015 y de la Ley 1/2013 tal como se publicaron en el BOE, y el vigente del preámbulo de la propia Ley Orgánica 1/2025:

 Hasta la reformaTras la Ley Orgánica 1/2025
Depósito para pujar (inmuebles)5 % del valor20 % del valor de subasta, mínimo 1.000 €
Plazo para pagar el resto del precio40 días20 días
Aprobación del remate (inmueble que no es vivienda habitual)70 % del valor de salida50 %, o 40 % si con ello se satisface íntegramente al ejecutante
Vivienda habitual70 %, o 60 % si lo debido era inferior70 %, y no menos del 60 % si se cubre toda la deuda
Mejora de postura por tercero70 %60 %
Subasta desiertaEl acreedor podía adjudicarse el bien al 50 %, o al 70/60 % en vivienda habitualEl ejecutante pierde esa facultad; a instancia del ejecutado se alza el embargo

La reforma se aplica, según la disposición transitoria de la propia ley orgánica, a los procedimientos de ejecución incoados a partir de abril de 2025.

3. A partir de qué porcentaje se aprueba el remate

Este es el dato que decide si conviene negociar o litigar, y conviene leerlo del preámbulo del BOE y no de un blog. Dice, en sus propios términos, que los umbrales de remate o adjudicación quedan «en bienes muebles, el 30 por 100; en inmuebles, el 50 por 100, o el 40 por 100 si la deuda total es menor», y que por debajo de esos porcentajes se requiere decisión favorable del Letrado de la Administración de Justicia, previa audiencia de las partes.

Traducido a lo que usted se juega: si su piso sale a subasta con un valor de 300.000 euros, la ley permite aprobar el remate en 150.000. Y por debajo de esa cifra no está prohibido: está sujeto a que el Letrado de la Administración de Justicia lo acuerde motivadamente, oídas las partes, a la vista de las circunstancias del caso.

Sobre ese precio hay que descontar después los gastos del procedimiento: tasación, anuncios, registro. En la división de la cosa común esos gastos se reparten entre los copropietarios en proporción a su cuota, por aplicación del artículo 395 del Código Civil.

Para la vivienda habitual el régimen es más protector: el preámbulo señala que no se adjudicará por debajo del setenta por ciento de su valor de subasta, salvo que se cubra toda la deuda, caso en el que el mínimo es el sesenta por ciento.

4. Lo que basta para pujar: el veinte por ciento

El otro lado de la mesa. Para entrar a pujar por su inmueble, un tercero necesita depositar, según el mismo preámbulo, el veinte por ciento del valor de subasta, con un mínimo de mil euros. Y disponer de veinte días para pagar el resto.

Es cuatro veces más que el cinco por ciento que exigía el régimen anterior, y ese endurecimiento juega a favor del copropietario: filtra a los pujadores sin capacidad real. Pero sigue siendo cierto que quien quiera su piso de 300.000 euros puede sentarse a pujar inmovilizando 60.000, y llevárselo por 150.000.

5. Si la subasta queda desierta

Aquí la reforma de 2025 cambia la lógica de raíz, y es el punto que menos se ha difundido.

Antes, si no había postores, el acreedor ejecutante podía pedir la adjudicación del bien por el cincuenta por ciento del valor de salida, o por el setenta o el sesenta en vivienda habitual. Esa facultad ha desaparecido. Ahora, si no hay postores, a instancia del ejecutado se procede al alzamiento del embargo; alternativamente el ejecutado puede presentar un tercero que se adjudique el bien por al menos el cincuenta por ciento, o por cantidad que cubra íntegramente el crédito con un mínimo del cuarenta; y una nueva subasta exige acuerdo de ambas partes o un convenio de realización.

6. Aquí no hay ejecutante ni ejecutado, y eso cambia las reglas

Todo lo anterior está escrito pensando en una ejecución: un acreedor que cobra y un deudor que pierde el bien. En la división de la cosa común no hay nada de eso. Hay dos copropietarios y un inmueble que se realiza para repartir el precio.

Esa diferencia no es teórica: hace que los preceptos sobre aprobación del remate y subasta desierta se apliquen con adaptaciones y de forma no pacífica. Lo que la práctica forense viene haciendo, y que conviene saber antes de entrar:

  • Los comuneros pueden pujar sin constituir depósito, y el comunero que se lleva el inmueble solo consigna la parte que excede de su propia cuota. Es decir: usted puede quedarse con el piso completo pagando solo la mitad que no es suya, y a precio de subasta. Es la vía que más veces resuelve bien estos casos y la que casi nadie explica al cliente.
  • El régimen de la subasta desierta es de aplicación dudosa, precisamente porque no hay acreedor que pueda adjudicarse el bien. La salida suele estar en el propio pliego de condiciones, en una nueva subasta con pliego modificado o en una puja limitada entre los comuneros.
  • No opera la cancelación de cargas posteriores propia de la ejecución, de modo que conviene regular eso en el pliego.
  • No hay condena en costas, porque no hay parte vencida: hay comuneros repartiendo.

De ahí que el pliego de condiciones sea el documento más importante del procedimiento y el que más conviene pelear. Se redacta una vez.

7. Las tres salidas que evitan la subasta

Antes de aceptar un precio de subasta hay tres caminos que la ley reconoce y que se descartan por desconocimiento.

  1. La adjudicación a uno con compensación en dinero. Artículo 1062, párrafo primero: cuando una cosa es indivisible o desmerece mucho por su división, puede adjudicarse a uno a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero. Exige acuerdo, pero tiene además la mejor factura fiscal, como se ve en el apartado siguiente.
  2. La división en propiedad horizontal. Es la palanca más desaprovechada de todo el Código Civil. El artículo 401, párrafo segundo, permite que, cuando se trate de un edificio cuyas características lo permitan, a solicitud de cualquiera de los comuneros la división se realice adjudicando pisos o locales independientes. No requiere acuerdo: un solo comunero puede imponerla. Si lo que tienen en común es un edificio y no un piso, esta vía evita la subasta sin negociar nada.
  3. La división por árbitros o amigables componedores. Artículo 402: los partícipes pueden nombrarlos a voluntad, y deben formar partes proporcionales al derecho de cada uno evitando en lo posible los suplementos en metálico. Es voluntaria, pero más rápida y mucho más barata que el procedimiento.

Y dos advertencias que ahorran disgustos. El artículo 405 establece que la división no perjudica a tercero, que conserva sus derechos de hipoteca y demás derechos reales: extinguir el condominio no le quita la hipoteca, para eso hace falta el consentimiento del acreedor. Y el artículo 403 permite a los acreedores concurrir a la división y oponerse a la que se verifique sin su concurso.

8. La factura fiscal de cada salida

Aquí se decide mucho dinero y es donde más liquidaciones se hacen mal.

El artículo 7.2.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados considera transmisiones patrimoniales los excesos de adjudicación declarados, salvo los que surjan de dar cumplimiento, entre otros, al artículo 1062, párrafo primero, del Código Civil. Es decir: el exceso inevitable por indivisibilidad no está sujeto a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas.

Y la sentencia del Tribunal Supremo 344/2019, de 14 de marzo de 2019 (Sala Tercera, Sección Segunda, recurso de casación 5404/2017, ROJ STS 960/2019, ECLI:ES:TS:2019:960, ponente Merino Jara) fija el criterio interpretativo en estos términos:

«La extinción de un condominio, en el que se adjudica a uno de los condóminos un bien indivisible, que ya era titular dominical de una parte de este, a cambio de su equivalente en dinero, no está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas sino a la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados.»

Esa misma sentencia establece además que la base imponible es el cincuenta por ciento del valor comprobado, no el total: solo la parte que se adquiere de nuevo. El sujeto pasivo es el adquirente, y el tipo de la cuota gradual lo fija la comunidad autónoma.

Dos precisiones más que valen dinero:

  • La sentencia del Tribunal Supremo 1502/2019, de 30 de octubre de 2019 (Sala Tercera, Sección Segunda, recurso 6512/2017, ECLI:ES:TS:2019:3480, ponente Berberoff Ayuda) declara que la asunción de la deuda hipotecaria constituye compensación en metálico, y que el criterio no varía aunque las participaciones de los copropietarios fueran distintas. Es decir: quien se queda el piso asumiendo la hipoteca entera está compensando, y encaja en el artículo 1062.
  • La diferencia entre tributar por actos jurídicos documentados o por transmisiones patrimoniales no es menor: hablamos de un tipo de en torno al uno por ciento frente a tipos que en varias comunidades superan el seis. Sobre la mitad de un inmueble, eso son decenas de miles de euros.

El terreno donde la Administración no sigue al Supremo

En la extinción parcial subjetiva —reducir el número de comuneros sin extinguir la comunidad— el criterio predominante de la Dirección General de Tributos en sus consultas vinculantes ha sido tratarla como transmisión de cuotas sujeta a transmisiones patrimoniales, no como disolución. Es exactamente donde más se juega el cliente, y donde más conviene planificar la operación antes de firmar en vez de discutirla después en una liquidación.

Se trata de doctrina administrativa, no de jurisprudencia, y conviene decirlo con claridad: no es lo mismo tener a favor una consulta de la Dirección General de Tributos que una sentencia del Tribunal Supremo.

9. Qué pedir y en qué orden

  1. Tasar el inmueble a valor de mercado y calcular el suelo de subasta. El cincuenta por ciento de ese valor es su peor escenario legal, y es la cifra con la que hay que negociar. Negociar sin ese número es negociar a ciegas.
  2. Comprobar si el inmueble admite división horizontal. Si es un edificio, el artículo 401, párrafo segundo, le permite imponerla sin acuerdo y la subasta desaparece del horizonte.
  3. Revisar la hipoteca y los embargos. El artículo 405 y el artículo 403 determinan con qué cargas sale el inmueble y quién puede oponerse a la división.
  4. Plantear la adjudicación del artículo 1062 por escrito, con número y con la factura fiscal calculada. Una oferta documentada cambia muchas negociaciones que llevaban años encalladas.
  5. Si hay que ir al procedimiento, pelear el pliego de condiciones, no solo la demanda. El tipo de subasta, la puja de los comuneros sin depósito y el tratamiento de las cargas se deciden ahí.

10. Preguntas frecuentes

¿Por cuánto se puede vender mi piso en una subasta judicial?

Según el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2025, el remate de un inmueble se aprueba con una postura igual o superior al cincuenta por ciento del valor de subasta, o al cuarenta por ciento si con ello se satisface íntegramente al ejecutante. Por debajo de esos porcentajes cabe decisión motivada del Letrado de la Administración de Justicia, oídas las partes. En vivienda habitual el mínimo es el setenta por ciento, o el sesenta si se cubre toda la deuda.

¿Cuánto hay que depositar para pujar?

El veinte por ciento del valor de subasta, con un mínimo de mil euros, y el resto del precio se paga en veinte días. Antes de la reforma de 2025 el depósito era del cinco por ciento y el plazo de cuarenta días.

¿Puedo quedarme yo con el inmueble en la subasta?

Sí, y es la vía que mejor resultado da. En las subastas por división de cosa común los comuneros pueden pujar sin constituir depósito, y el comunero adjudicatario solo consigna la parte del precio que excede de su propia cuota.

¿Puede mi hermano obligarme a vender?

Puede obligar a dividir. El artículo 400 del Código Civil permite a cualquier copropietario pedir la división en cualquier tiempo, y el párrafo segundo del artículo 1062 establece que basta que uno solo pida la venta en pública subasta con admisión de licitadores extraños para que así se haga. Lo que no puede imponerle es un precio ni adjudicarse el inmueble sin su acuerdo.

¿Hay forma de evitar la subasta sin ponerme de acuerdo con el otro?

Solo una: si el inmueble es un edificio cuyas características lo permitan, el artículo 401, párrafo segundo, del Código Civil permite que la división se realice adjudicando pisos o locales independientes a solicitud de cualquiera de los comuneros, sin necesidad de acuerdo.

¿Qué impuesto se paga al extinguir un condominio?

Cuando se adjudica un bien indivisible a un condómino que ya era titular de una parte, a cambio de su equivalente en dinero, la operación no está sujeta a transmisiones patrimoniales onerosas sino a la cuota gradual de actos jurídicos documentados, según la sentencia del Tribunal Supremo 344/2019, de 14 de marzo. La base imponible es el cincuenta por ciento del valor comprobado, y el sujeto pasivo el adquirente.

Si me quedo el piso asumiendo la hipoteca, ¿eso cuenta como compensación?

Sí. La sentencia del Tribunal Supremo 1502/2019, de 30 de octubre, declara que la asunción de la deuda hipotecaria constituye compensación en metálico, y que la respuesta no varía porque las participaciones de los copropietarios fueran distintas.

¿Extinguir el condominio me libera de la hipoteca?

No. El artículo 405 del Código Civil establece que la división no perjudica a tercero, que conserva sus derechos de hipoteca. Para quedar liberado frente al banco hace falta su consentimiento.

Llevamos quince años sin tocar el tema, ¿he perdido el derecho a dividir?

No. El artículo 1965 del Código Civil declara que no prescribe entre condueños la acción para pedir la división de la cosa común.

Sobre el autor

Juan A. Bartolomé Hernández · Abogado · Colegiado nº 93.470 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

Ejerce en One Serrano Abogados, en Calle Serrano 93, Madrid, en derecho inmobiliario, contractual y bancario, y lleva habitualmente procedimientos de extinción de condominio y división de la cosa común. Los porcentajes de subasta que se citan proceden del preámbulo de la Ley Orgánica 1/2025 publicado en el BOE, y el régimen anterior de los textos de la Ley 19/2015 y la Ley 1/2013 tal como se publicaron.

Fuentes normativas y jurisprudenciales citadas Código Civil, Real Decreto de 24 de julio de 1889, BOE-A-1889-4763 (arts. 395, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 1062 y 1965) · Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, BOE-A-2000-323 (arts. 250.1.16.º, 251, 647, 669, 670 y 671) · Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, BOE-A-2025-76, BOE núm. 3, de 3 de enero de 2025 · Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, BOE-A-2023-25292 · Ley 19/2015, de 13 de julio, BOE-A-2015-7851, BOE núm. 167, de 14 de julio de 2015 · Ley 1/2013, de 14 de mayo, BOE-A-2013-5073, BOE núm. 116, de 15 de mayo de 2013 · Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, BOE-A-1993-25359 (arts. 7.1.A, 7.2.B, 29, 30.1 y 31.2) · STS 344/2019, de 14 de marzo de 2019, Sala Tercera, Sección Segunda, rec. 5404/2017, ROJ STS 960/2019, ECLI:ES:TS:2019:960 · STS 1502/2019, de 30 de octubre de 2019, Sala Tercera, Sección Segunda, rec. 6512/2017, ECLI:ES:TS:2019:3480.
Este artículo tiene finalidad informativa y refleja el estado de la normativa y la jurisprudencia a 12 de octubre de 2026. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el examen del caso concreto, del que dependen el régimen aplicable, los porcentajes y los plazos. Los porcentajes de la subasta se toman del preámbulo de la Ley Orgánica 1/2025 publicado en el BOE, que describe el articulado reformado: antes de actuar conviene cotejar el texto vigente de los artículos 669, 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los artículos del Código Civil se exponen de forma descriptiva y no entrecomillada. En la división de la cosa común no concurren acreedor ejecutante ni deudor ejecutado, de modo que las reglas de aprobación del remate y de subasta desierta se aplican con adaptaciones que no son pacíficas en la práctica, según se expone en el apartado 6. El criterio de la Dirección General de Tributos sobre la extinción parcial subjetiva es doctrina administrativa y no jurisprudencia. En los territorios con derecho civil propio pueden resultar aplicables normas distintas.