La demanda «contra los ignorados ocupantes» tiene cobertura legal expresa en un solo procedimiento, y no es el precario. Confundirlos es lo que hace que la demanda se caiga, a veces en casación y después de dos años.
Quien busca cómo redactar una demanda de precario contra ocupantes que no sabe identificar suele dar por hecho que hay un formulario con un encabezamiento mágico. No lo hay. Lo que hay son dos procedimientos distintos, y solo uno de ellos permite demandar genéricamente a quien no se conoce.
Elegir el equivocado no se descubre al principio: se descubre al final, cuando la otra parte alega litisconsorcio y las actuaciones se retrotraen.
La Ley de Enjuiciamiento Civil ofrece dos caminos para recuperar un inmueble ocupado sin título, y la diferencia entre ellos no es de velocidad: es de quién puede usarlos.
El precario, artículo 250.1.2.º, cubre las demandas que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana cedida en precario, por el dueño, el usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseerla. Legitimación amplia: vale una sociedad, un banco, un fondo, una herencia. Y cubre cualquier finca, no solo vivienda: también local, nave o solar.
La tutela sumaria de la posesión, artículo 250.1.4.º, en la redacción que le dio la Ley 5/2018, de 11 de junio, añadió un párrafo segundo que es el llamado desahucio exprés:
«Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.»
Esa lista es cerrada. Una sociedad limitada patrimonial, una SOCIMI, un banco, un fondo o una sociedad adjudicataria de una ejecución no están en ella, y por tanto no pueden usar el párrafo segundo del 250.1.4.º ni ninguno de los privilegios procesales que cuelgan de él. Su vía es el precario.
Y el párrafo segundo habla solo de vivienda. Un local, una nave, un solar o una finca rústica no caben en el exprés aunque el propietario sea una persona física.
Hay una segunda diferencia que decide cómo se defiende cada uno. El artículo 447.2 LEC enumera los juicios verbales cuyas sentencias no producen cosa juzgada, y en esa lista está la tutela sumaria de la posesión pero no está el precario. El precario se tramita por juicio verbal, pero es plenario: admite debate y prueba amplios, y lo que se resuelve en él queda resuelto.
La Ley 5/2018 introdujo el artículo 437.3 bis LEC, y conviene leerlo con la frase inicial entera, porque ahí está todo:
«Cuando se solicitase en la demanda la recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella a la que se refiere el párrafo segundo del numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, aquélla podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. A la demanda se deberá acompañar el título en que el actor funde su derecho a poseer.»
Dos cosas, las dos textuales. La primera: la habilitación para demandar genéricamente está anclada al párrafo segundo del 250.1.4.º. No al precario. En una demanda de precario no existe norma que autorice la demanda genérica contra ocupantes desconocidos.
La segunda: ese mismo precepto impone un requisito documental propio, acompañar el título en que el actor funde su derecho a poseer. No es un consejo: es un requisito cuyo incumplimiento se sanciona con la inadmisión.
Lo mismo ocurre con el artículo 441.1 bis, que regula la notificación a quien habite la vivienda y la posibilidad de hacerla además a los ignorados ocupantes: su primera línea también se remite al párrafo segundo del 250.1.4.º.
La sentencia del Tribunal Supremo 719/2021, de 25 de octubre (Sala Primera, ponente Díaz Fraile) resolvió exactamente este error.
El cesionario del remate de una ejecución hipotecaria demandó por precario a «los ignorados ocupantes» de una vivienda ganancial y emplazó solo al marido. El Tribunal Supremo apreció litisconsorcio pasivo necesario y retrotrajo las actuaciones para emplazar también a la esposa.
El razonamiento es el que interesa: la demanda genérica contra los ignorados ocupantes no sana la omisión de emplazamiento cuando el actor conocía o debía conocer a los ocupantes. Aquí los conocía: eran los deudores ejecutados en la hipotecaria de la que derivaba su propio título, y además seguían pagando las cuotas de la comunidad. Y declaró expresamente que el artículo 437.3 bis no amparaba esa demanda genérica, porque solo cubre el interdicto de recuperación inmediata del 250.1.4.º y no el precario.
El litisconsorcio pasivo necesario es presupuesto de orden público: se aprecia de oficio, incluso en casación. Es decir, puede tumbar el procedimiento al final, cuando ya se ha pagado todo.
Dicho eso, la jurisprudencia menor sí admite la demanda de precario contra ignorados ocupantes cuando identificarlos es materialmente imposible y el actor lo ha intentado.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13.ª, 459/2025, de 10 de julio de 2025 (ROJ SAP B 7655/2025, ECLI:ES:APB:2025:7655), dictada precisamente en un juicio verbal de precario del artículo 250.1.2.º, razona que basta consignar los datos que permitan determinar al demandado, sin nombre y apellidos, y que nada obsta a demandar a personas desconocidas cuando se destaque su relación con el objeto litigioso, siempre que se posibilite su comparecencia y defensa designando el domicilio de citación. Están pasivamente legitimados quienes poseen la finca al presentarse la demanda.
La diferencia entre un caso y otro, por tanto, no está en la fórmula del encabezamiento: está en la diligencia acreditada. Y el precepto que mide esa diligencia es el artículo 156.2 LEC: en ningún caso se considerará imposible la designación de domicilio si consta en archivos o registros públicos a los que pudiera tenerse acceso. Antes de los edictos hay que agotar las averiguaciones del artículo 156, y dejarlo documentado.
Conviene saber además que el atajo edictal del artículo 164 LEC —la comunicación por el Tablón Edictal Judicial Único sin más trámites— está previsto para los desahucios por impago o por expiración del plazo. No para el precario.
El procedimiento no depende de la cuantía: el encabezamiento del artículo 250.1 somete a juicio verbal esas demandas cualquiera que sea su cuantía, y el precario es su número 2.º. No hay nada que decidir sobre el cauce.
Pero la cuantía hay que fijarla igual, porque de ella dependen las costas y el acceso a los recursos. Y aquí está el error más repetido.
La regla 9.ª del artículo 251 LEC fija la cuantía en el importe de una anualidad de renta en los juicios sobre arrendamientos. En el precario no hay arrendamiento ni hay renta, de modo que esa regla no entra, aunque es la que se aplica por inercia.
La regla aplicable es la 3.ª, número 5.º —cuando el proceso verse sobre la posesión y no sea aplicable otra regla— que remite a la regla 2.ª: el valor del inmueble al tiempo de interponerse la demanda, a precios corrientes de mercado, sin que pueda atribuirse a los inmuebles un valor inferior al que conste en el catastro.
Los umbrales generales, por si hacen falta: desde el 20 de marzo de 2024 el juicio ordinario corresponde a las demandas cuya cuantía exceda de quince mil euros, y el verbal a las que no la excedan, tras la reforma del Real Decreto-ley 6/2023.
Este mecanismo pertenece al 250.1.4.º, no al precario, pero conviene conocerlo para saber lo que se está perdiendo cuando no se puede usar.
Según el artículo 441.1 bis, si el demandante ha solicitado expresamente la inmediata entrega de la posesión, el decreto de admisión requiere a los ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación, título que justifique su situación posesoria. Si no se aporta justificación suficiente, el tribunal ordena mediante auto la inmediata entrega de la posesión al demandante, siempre que el título acompañado a la demanda sea bastante para acreditar su derecho a poseer. Contra ese auto no cabe recurso alguno, y se lleva a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encuentren en ese momento en la vivienda.
Tres condiciones, por tanto, y las tres se incumplen a menudo: pedirlo en el suplico, acompañar el título, y que el título baste.
La ley no fija plazo para dictar ese auto ni para practicar el lanzamiento una vez dictado. Lo único tasado son los cinco días del requerimiento. Cualquier cifra global que circule sobre cuántas semanas tarda un desahucio exprés es estimación de práctica forense, no plazo legal.
Es la confusión que más desconcierta al propietario, y la respuesta es nítida: la vulnerabilidad del ocupante no es motivo de oposición al fondo, pero sí puede parar el procedimiento durante meses.
Por el lado de la oposición, la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 459/2025 razona que la vulnerabilidad es irrelevante para el objeto declarativo del proceso y solo podría valorarse en un incidente de suspensión del lanzamiento, en ejecución de sentencia.
Por el lado de la suspensión, el artículo 441 LEC contiene un régimen que sí alcanza al precario: sus apartados 5, 6 y 7 se aplican, entre otros, a los casos del número 2.º del artículo 250.1. Cuando el inmueble es vivienda habitual del demandado, el decreto de admisión le informa de que puede acudir a las administraciones competentes, el juzgado comunica de oficio la existencia del procedimiento para que verifiquen una posible situación de vulnerabilidad, y esa verificación tiene plazo máximo de diez días, seguida de un traslado a las partes de cinco días. Después, el tribunal puede suspender el proceso por auto durante un máximo de dos meses si el demandante es persona física y cuatro meses si es persona jurídica.
La consecuencia práctica, que nadie dice: cuando la vivienda es residencia habitual del ocupante, el exprés deja de ser exprés, porque la Ley 12/2023 engarzó ese mismo régimen de suspensión en el artículo 441.1 bis.
Si el propietario es el banco ejecutante o el adjudicatario de una ejecución hipotecaria, lo que sigue es más importante que todo lo anterior.
La sentencia del Tribunal Supremo 494/2025, de 25 de marzo de 2025 (Sala Primera, recurso de casación 7019/2023, ponente Seoane Spiegelberg) desestimó una demanda de precario por inadecuación del procedimiento, con imposición de las costas de primera instancia a la actora, que era la sociedad inmobiliaria de una entidad financiera.
La doctrina: en principio no cabe negar la vía del precario a quien es dueño, usufructuario o persona con derecho a poseer la finca. Pero si la pretensión la ejercita el acreedor ejecutante o el adjudicatario, deben pedir el lanzamiento del deudor dentro del propio procedimiento hipotecario, porque el título para exigir la entrega nace de esa ejecución, y porque la competencia para resolver el incidente de suspensión por vulnerabilidad corresponde al juez o notario de la ejecución. Acudir al precario para eludir ese régimen tuitivo se considera contrario a la protección que establece.
La sentencia precisa además que el límite de un año del artículo 675.2 LEC para pedir el desalojo se refiere a ocupantes que no son los deudores hipotecarios.
Esto no cierra el precario a todo el mundo: un tercer adquirente ajeno a la ejecución sigue teniendo esa vía. Pero el adjudicatario que compró en la propia subasta, no.
Aquí las dos vías se separan del todo.
En el 250.1.4.º la oposición está tasada por ley. El artículo 444.1 bis LEC dispone que «la oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor». Dos motivos y ninguno más. Y con sanción agravada de la rebeldía: si no se contesta en plazo, se procede de inmediato a dictar sentencia, sin esperar vista. La sentencia estimatoria permite la ejecución sin necesidad de que transcurran los veinte días del artículo 548.
En el precario no hay tasa legal de motivos, porque es plenario. El ocupante puede oponer todo lo que afecte al fondo. Lo que de verdad funciona, a la vista de las resoluciones citadas:
| Motivo | Qué posibilidades tiene |
|---|---|
| Existencia de título frente al actor | El motivo natural. El estándar es que el título sea suficiente frente al demandante, no en abstracto |
| Inadecuación del procedimiento cuando el actor es el ejecutante o el adjudicatario | Alta. Es la doctrina de la STS 494/2025 y hoy es la excepción más potente que puede oponerse |
| Litisconsorcio pasivo necesario | Alta si había ocupantes identificables a los que no se emplazó. Orden público, apreciable de oficio |
| Falta de legitimación activa | Es cuestión de fondo, a resolver en sentencia con prueba. No sirve para que el juzgado inadmita, sí para desestimar |
| Arrendamiento verbal | Baja si no se prueban pagos de renta ni actos del propietario que reconocieran la relación |
| Vulnerabilidad | Nula como oposición al fondo. Opera en ejecución, como suspensión |
La carga de la prueba es la que decide la mayoría de estos pleitos, y conviene tenerla clara: el demandante prueba su título y la identificación del bien; la prueba de un título habilitante, o del pago de renta, corresponde al demandado.
Un supuesto frecuente que merece mención propia: entre coherederos, la cuota no es título para el uso exclusivo. La sentencia del Tribunal Supremo 1576/2024, de 20 de noviembre de 2024 (ROJ STS 5885/2024) declara que durante la indivisión todos los coherederos tienen título por su participación, pero ese título no ampara la posesión exclusiva y excluyente, y que el coheredero que ocupa en exclusiva se coloca en situación de precarista. Si usted ha heredado con sus hermanos y uno de ellos vive solo en el piso y ha cambiado la cerradura, ese es su caso, y lo desarrollamos en la guía del desahucio por precario.
Primero: usar la fórmula «contra los ignorados ocupantes» en un precario sin haber agotado la identificación. El artículo 437.3 bis no cubre el precario, y el artículo 156.2 LEC impide alegar imposibilidad cuando el domicilio consta en registros públicos accesibles. El resultado es el de la STS 719/2021: litisconsorcio y retroacción.
Segundo: ser una sociedad y plantear el desahucio exprés. El párrafo segundo del 250.1.4.º está reservado a personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas de vivienda social. Una demanda de una S.L. por esa vía se cae por falta de legitimación.
Tercero: ser el adjudicatario de la ejecución hipotecaria y acudir al precario. La STS 494/2025 lo resuelve por inadecuación del procedimiento, con costas. El lanzamiento hay que pedirlo en la propia ejecución.
Cuarto: no acompañar el título a la demanda cuando se va por el 250.1.4.º, o no pedir expresamente en el suplico la inmediata entrega de la posesión. El artículo 441.1 bis solo se activa a instancia de parte.
Quinto: fijar la cuantía por una anualidad de renta. En el precario no hay renta. La regla es el valor del inmueble, con el valor catastral como suelo, y de ahí dependen las costas.
No con la cobertura legal expresa del artículo 437.3 bis, que se refiere solo al párrafo segundo del artículo 250.1.4.º. En el precario hay que designar al demandado por los datos que permitan determinarlo y acreditar que identificarlo era imposible tras agotar las averiguaciones del artículo 156. Las Audiencias lo admiten cuando esa diligencia se prueba; el Tribunal Supremo lo rechazó en 2021 cuando el actor conocía a los ocupantes.
El valor del inmueble al tiempo de interponerse la demanda, a precios de mercado, sin poder atribuirle un valor inferior al catastral, por aplicación de la regla 3.ª.5.º del artículo 251 LEC en relación con la regla 2.ª. No es una anualidad de renta: esa regla es la de los arrendamientos.
No. El artículo 250.1 somete el precario a juicio verbal cualquiera que sea su cuantía. La cuantía solo importa para las costas y el acceso a los recursos.
No. El párrafo segundo del artículo 250.1.4.º reserva esa vía a la persona física propietaria o poseedora legítima, a las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer y a las entidades públicas propietarias o poseedoras de vivienda social. Su vía es el precario del 250.1.2.º.
En el desahucio exprés, exclusivamente la existencia de título suficiente frente al actor o la falta de título del actor, por el artículo 444.1 bis. En el precario, cualquier motivo de fondo, porque es un juicio verbal plenario que produce cosa juzgada.
No impide la sentencia, pero puede suspender el procedimiento. Los apartados 5, 6 y 7 del artículo 441 LEC se aplican también al precario cuando el inmueble es vivienda habitual del demandado, con verificación administrativa en diez días y una suspensión por auto de hasta dos meses si el demandante es persona física o cuatro si es persona jurídica.
Según la sentencia del Tribunal Supremo 494/2025, de 25 de marzo, no: el ejecutante y el adjudicatario deben pedir el lanzamiento del deudor dentro del propio procedimiento hipotecario. Un tercer adquirente ajeno a la ejecución sí conserva la vía del precario.
La ley no lo fija. Lo único tasado son los cinco días que tiene el ocupante para aportar título cuando se ha pedido la entrega inmediata en el 250.1.4.º. Cualquier plazo global que se lea por ahí es estimación de práctica, no norma.
Sí. El artículo 447.2 LEC enumera los verbales cuyas sentencias no la producen, y el precario no está en esa lista, a diferencia de la tutela sumaria de la posesión.
Si el inmueble es de una herencia compartida con hermanos y lo que quiere es salir de la copropiedad, no solo recuperar la posesión, lea también la herencia en proindiviso entre hermanos.
Juan A. Bartolomé Hernández · Abogado · Colegiado nº 93.470 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Ejerce en One Serrano Abogados, en Calle Serrano 93, Madrid, en derecho inmobiliario, contractual y bancario, con atención particular a la recuperación de la posesión de inmuebles. Las resoluciones citadas se identifican por sala, fecha, número y recurso para que cualquier lector pueda comprobarlas.