Dos reales decretos-leyes han reescrito esta semana el artículo que regula las prórrogas. Desde el 2 de octubre, el propietario que no quiera renovar debe avisar con seis meses e indemnizar con doce mensualidades. Y el Congreso todavía tiene que convalidarlos.
«Prórroga del contrato de alquiler» no designa una sola cosa. Designa cinco figuras distintas, con plazos distintos, preavisos distintos y consecuencias distintas según quién sea el arrendador. Dos de ellas están en la Ley de Arrendamientos Urbanos desde 2019, otras dos las añadió la Ley de Vivienda de 2023, y la quinta aparece y desaparece cada pocos meses al ritmo de los reales decretos-leyes.
Esta guía ordena las cinco, con los plazos exactos, y responde después la pregunta que ningún artículo de prensa contesta: qué queda de una prórroga concedida por un decreto que el Congreso después deroga. No es una hipótesis: ha pasado dos veces, en 2019 y en 2026, y sigue sin haber una sola sentencia que lo resuelva.
Si ha llegado aquí buscando cuánto dura una prórroga de alquiler, lo primero que debe saber es que la respuesta cambió esta semana. El Consejo de Ministros del 29 de septiembre de 2026 aprobó dos reales decretos-leyes, y el segundo reescribe entero el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es el que regula qué ocurre cuando vence el plazo mínimo.
Hasta ahora, un arrendador que no quisiera renovar solo tenía que avisar con cuatro meses de antelación. Desde el 2 de octubre de 2026, el nuevo artículo 10.1 le obliga a avisar con seis meses y, además, a indemnizar al arrendatario con el equivalente a doce mensualidades de renta como mínimo, salvo que concurra una de las seis causas tasadas del apartado 2.
Y la prórroga, cuando opera, ya no es por plazos anuales hasta tres años: es por plazos sucesivos de cinco años, o siete si el arrendador es persona jurídica.
Esta guía explica las prórrogas que puede tener hoy un alquiler de vivienda, con los plazos exactos y el texto de la ley, y responde después la pregunta que ningún artículo de prensa contesta: qué queda de todo esto si el Congreso no convalida los decretos. No es una hipótesis. Es lo que ha ocurrido las tres veces anteriores en los últimos nueve meses.
| Prórroga | Norma | Duración | ¿Obligatoria para el arrendador? |
|---|---|---|---|
| Obligatoria | art. 9.1 LAU | Hasta 5 años, o 7 si el arrendador es persona jurídica | Sí, salvo la vía del art. 9.3 |
| Del artículo 10 | art. 10.1 LAU | Plazos sucesivos de 5 años, o 7 si es persona jurídica | Sí, si no preavisó con 6 meses. Y no renovar cuesta 12 mensualidades |
| Extraordinaria por vulnerabilidad | art. 10.5 LAU | Máximo 1 año | Solo si es gran tenedor |
| Extraordinaria en zona tensionada | art. 10.6 LAU | Hasta 3 años, por plazos anuales | Sí, con excepciones tasadas |
| Extraordinaria por decreto | DF 5.ª del RDL 26/2026 | Hasta 2 años, por plazos anuales | Sí, mientras el decreto esté vigente |
El artículo 9.1 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, en la redacción que le dio el Real Decreto-ley 7/2019, dice literalmente:
«La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si esta fuera inferior a cinco años, o inferior a siete años si el arrendador fuese persona jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona jurídica, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.»
Tres consecuencias que conviene leer despacio:
El mismo artículo 9 añade, en su apartado 2, que los arrendamientos sin plazo estipulado o de plazo indeterminado se entienden celebrados por un año, sin perjuicio del derecho de prórroga anual del arrendatario. Y el plazo empieza a contar desde la fecha del contrato, o desde la puesta del inmueble a disposición del arrendatario si esta fuera posterior, correspondiendo a él la prueba de esa fecha.
El artículo 6 de la LAU declara nulas, y se tienen por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario las normas de ese título. Una cláusula de renuncia anticipada a las prórrogas no vale nada: es nula de pleno derecho.
La única excepción está en el párrafo segundo del artículo 4.2: los arrendamientos de vivienda de superficie superior a 300 metros cuadrados, o en los que la renta inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional anual, y que comprendan la totalidad de la vivienda, se rigen ante todo por la voluntad de las partes. Solo ahí puede pactarse un régimen distinto.
Hay una sola vía, y es el artículo 9.3 LAU: la necesidad de ocupar la vivienda. Es el precepto más importante de esta guía para un propietario, y el que más se pierde por un defecto de forma cometido años antes.
Requisitos, todos acumulativos:
Si pasan esos tres meses sin que el arrendador o el familiar ocupen la vivienda, el inquilino puede optar, en el plazo de treinta días, entre dos cosas:
Solo se salva la fuerza mayor, que el propio artículo define. Invocar la necesidad de ocupación sin tener intención real de ocupar es, por tanto, una operación cara.
Agotados los cinco o siete años del artículo 9.1, el contrato no se extingue solo. Lo que ocurre entonces lo regula el artículo 10, y es la pieza que el Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, ha reescrito por completo, con efectos desde el 2 de octubre de 2026.
El nuevo artículo 10.1 dice, literalmente:
«Si llegada la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento de vivienda habitual, o de cualquiera de sus prórrogas, incluidas las voluntarias y las reguladas por ley, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con seis meses de antelación a aquella fecha en el caso del arrendador y al menos con dos meses de antelación en el caso del arrendatario, su voluntad de no prorrogarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica.»
Compare con lo que decía antes y verá la dimensión del cambio:
| Hasta el 1 de octubre de 2026 | Desde el 2 de octubre de 2026 | |
|---|---|---|
| Preaviso del arrendador | 4 meses | 6 meses |
| Preaviso del arrendatario | 2 meses | 2 meses |
| Duración de la prórroga | Plazos anuales, máximo 3 años | Plazos sucesivos de 5 años, o 7 si es persona jurídica |
| Coste de no renovar | Ninguno | 12 mensualidades de renta, como mínimo |
Es la novedad con más consecuencias económicas, y conviene leerla despacio. El segundo párrafo del artículo 10.1 establece que el arrendador que comunique válidamente su voluntad de no prorrogar
«vendrá obligado a indemnizar al arrendatario con una cantidad equivalente, al menos, al importe de doce mensualidades de renta de una vivienda de análogas características a la arrendada. Dicha indemnización deberá calcularse, siempre que ello sea posible, en base al sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda, y en ningún caso podrá ser inferior al importe equivalente a una mensualidad de renta por cada año que el arrendatario haya residido en la vivienda, prorrateándose por meses los períodos inferiores al año y por días los inferiores al mes.»
Cuatro precisiones que cambian el cálculo:
Hay una excepción general que conviene conocer: no procede la indemnización cuando, respecto de ese mismo vencimiento, el arrendatario reúna los requisitos para obtener una prórroga legal de aceptación obligatoria para el arrendador, aunque no la hubiera solicitado.
El apartado 3 impide pactar una prórroga de conveniencia más corta: si tras comunicar la no prórroga las partes acuerdan finalmente prorrogar, esa prórroga «no podrá ser inferior a los plazos previstos en el apartado primero». Es decir, cinco años, o siete.
El apartado 4 declara nulas, y se tienen por no puestas, las estipulaciones de los acuerdos de prórroga que modifiquen las condiciones del contrato original en perjuicio del arrendatario, remitiéndose al artículo 6 de la ley.
El artículo 10.2 tasa los supuestos en que no hay que indemnizar. Y empieza con un requisito de forma que va a decidir muchos pleitos: las causas «deberán hacerse constar de forma expresa, detallada y por escrito en la notificación de preaviso». Un preaviso que no explique la causa, o que la mencione de pasada, no sirve para eximirse.
Fíjese en la primera causa. El artículo 10.2.a) habla de familiares en segundo grado de consanguinidad o por adopción. Pero el artículo 9.3, el de la necesidad de ocupación durante los cinco primeros años, sigue diciendo primer grado, y los decretos no lo han modificado.
Dicho en claro: un propietario puede recuperar la vivienda para un hermano al vencimiento del artículo 10 sin pagar indemnización, pero no puede invocar la necesidad del artículo 9.3 para ese mismo hermano durante los cinco primeros años. Son dos preceptos de la misma ley con dos círculos familiares distintos. Antes de redactar un preaviso conviene tener claro en cuál de los dos momentos está.
Por encima de todo lo anterior hay tres prórrogas más, que se solicitan y no se presumen. Dos están en la propia ley y una vive en un decreto.
El arrendatario puede solicitar una prórroga extraordinaria de un año como máximo, acreditando una situación de vulnerabilidad social y económica mediante informe o certificado emitido en el último año por los servicios sociales. El arrendador está obligado a aceptarla solo si es gran tenedor conforme a la Ley 12/2023, y salvo que las partes hayan suscrito un nuevo contrato. Si es un propietario particular, no hay obligación.
Si la vivienda está en una zona declarada tensionada y dentro del período de vigencia de esa declaración, el arrendatario puede solicitar una prórroga por plazos anuales y hasta un máximo de tres años, de aceptación obligatoria. Solo se exceptúa que las partes fijen otros términos por acuerdo, que se suscriba un nuevo contrato con los límites de renta que procedan, o que el arrendador haya comunicado la necesidad de ocupación en los términos del artículo 9.3.
El precepto añade que esta prórroga es incompatible con otras prórrogas extraordinarias establecidas por norma con rango de ley y se aplica con carácter preferente. Es la regla que ordena el choque con la del decreto.
La disposición final quinta del Real Decreto-ley 26/2026 establece una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales, a solicitud del arrendatario, para los contratos vigentes a su entrada en vigor cuyo período de prórroga obligatoria del artículo 9.1, o de prórroga del artículo 10, o de tácita reconducción del artículo 1566 del Código Civil, finalice antes del 31 de diciembre de 2028. Durante la prórroga se mantienen los términos y condiciones del contrato en vigor.
Tres rasgos que la distinguen de lo que suele contarse:
Queda excluida cuando las partes acuerden una renovación o un contrato nuevo con una renta inferior a la vigente, y es incompatible con la prórroga de zona tensionada, que se aplica con preferencia.
El Real Decreto-ley 27/2026 incluye una regla de coordinación expresa: la prórroga extraordinaria de la disposición final quinta del RDL 26/2026 no se aplica cuando proceda la prórroga del artículo 10.1 de la ley. Y cuando sí se aplique a un contrato en el que el arrendador había comunicado válidamente su voluntad de no prorrogar, el contrato se extinguirá al terminar esa prórroga extraordinaria, salvo que las partes acuerden prorrogarlo o firmen uno nuevo.
No es una pregunta retórica. En los últimos nueve meses el Congreso ha derogado tres reales decretos-leyes de vivienda:
| Real decreto-ley | Qué establecía | Votación | Derogado |
|---|---|---|---|
| 16/2025, de 23 de diciembre BOE-A-2025-26458 | Prorrogaba la suspensión de desahucios y lanzamientos | 171 sí · 178 no | 27 de enero de 2026 |
| 2/2026, de 3 de febrero BOE-A-2026-2547 | Reinstauraba esa suspensión, excluyendo al arrendador con dos o menos viviendas | 172 sí · 177 no · 1 abst. | 26 de febrero de 2026 |
| 8/2026, de 20 de marzo BOE-A-2026-6545 | Prórroga extraordinaria de hasta dos años y tope del 2 % de actualización | 166 sí · 177 no · 5 abst. | 28 de abril de 2026 |
Mire la tercera fila. En febrero el Grupo Vasco votó a favor con sus cinco escaños; en abril se abstuvo. Esos cinco votos son toda la distancia entre un decreto que sobrevive y uno que cae.
Ésta es la pregunta que se hicieron miles de inquilinos y propietarios el 28 de abril de 2026, y la respuesta honesta es incómoda: nadie lo sabe con certeza. Conviene explicar por qué, porque el «nadie lo sabe» no es una evasiva, es el estado real de la cuestión.
El artículo 86.2 de la Constitución dispone que los decretos-leyes «deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación», y que el Congreso «habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación». En la votación, los votos negativos se entienden favorables a la derogación.
Eso es todo. El precepto no dice ni una palabra sobre los efectos de la derogación.
El Real Decreto-ley 8/2026 constaba de dos artículos y dos disposiciones finales. No tenía ninguna disposición transitoria. Concedió al arrendatario un derecho de proyección plurianual sin prever qué ocurriría si la norma decaía, que es exactamente lo que ocurrió cinco semanas después. El vacío no es interpretativo: es de técnica normativa.
No existe doctrina del Tribunal Constitucional sobre los efectos de la no convalidación de un real decreto-ley respecto de las situaciones nacidas durante su vigencia. Lo más próximo es la sentencia 29/1982, de 31 de mayo, cuyo fundamento jurídico 2 razona que la convalidación no transforma el decreto-ley en ley y que con ella «se ha cumplido con el requisito constitucional del que dependía la pervivencia en el tiempo, con fuerza y valor de Ley». De ahí se deduce, a contrario, que la no convalidación afecta a la pervivencia futura y no a la validez pasada. Pero es una construcción, no doctrina directa sobre el problema.
Son cosas distintas y se mezclan constantemente. Cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional un decreto-ley, el artículo 39.1 de su Ley Orgánica ordena declarar además su nulidad, y existe un régimen legal de protección de lo consolidado: el artículo 40.1 impide revisar procesos fenecidos por sentencia firme, y el propio Tribunal puede modular los efectos, como razonó en el fundamento jurídico 10 de su sentencia 45/1989, de 20 de febrero.
Cuando el Congreso deroga un decreto-ley no hay juicio de validez ni nulidad: la norma fue válida y simplemente deja de estar vigente. Paradójicamente, el supuesto más leve carece por completo del régimen de protección que sí tiene el más grave. Ahí nace toda la inseguridad.
Entre marzo y junio de 2026 se publicaron cuatro análisis cualificados sobre el RDL 8/2026. Todos coinciden en que la derogación opera ex nunc, hacia el futuro. Y a partir de ahí se separan, porque discrepan sobre qué cuenta como «efecto ya producido»:
| Quién | Qué sostiene sobre la prórroga ya solicitada |
|---|---|
| Vicente Magro Servet magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo | Queda consolidada. Si el inquilino la ejercitó mientras la norma estaba vigente y el contrato vencía en ese período, la prórroga es una situación jurídica consolidada y sobrevive. |
| Gabriel Doménech Pascual catedrático de Derecho Administrativo | Decae. Precisamente porque el efecto es ex nunc, la prórroga «no desplegará sus efectos más allá» del rechazo parlamentario: su proyección futura no es un efecto ya producido. |
| Andersen | Expone las dos lecturas, una restrictiva y otra laxa según si la prórroga debía hacerse efectiva antes o después de la derogación, y anticipa «un escenario litigioso complejo». |
| Monforte y Soler Economist & Jurist | Criterio intermedio: sobrevive lo «válidamente activado» antes de la derogación; lo que no había nacido, no puede imponerse después. |
| Situación | Grado de seguridad |
|---|---|
| Renta actualizada al 2 % durante la vigencia | Alto. Es un efecto instantáneo y agotado. La actualización practicada en ese intervalo no se revierte. La siguiente ya no está topada. |
| Pacto expreso entre las partes para prorrogar | Alto. Vincula por el acuerdo, no por la norma: sobrevive con independencia de la suerte del decreto. Es, con diferencia, la posición más sólida. |
| Prórroga solicitada, con vencimiento durante la vigencia | Discutido. Es el núcleo del desacuerdo entre las cuatro posturas. Sin jurisprudencia. |
| Prórroga solicitada, con vencimiento posterior a la derogación | Débil. Ninguna de las cuatro posturas la defiende con claridad. |
De aquí sale el único consejo verdaderamente seguro que puede darse a las dos partes: si hay acuerdo posible, documéntenlo como pacto entre ustedes y no se apoyen en el decreto. Un pacto expreso de prórroga vale lo mismo el día que el Congreso vota que el día después. La solicitud amparada en una norma de urgencia, no.
La tabla anterior responde a la pregunta general. Pero entre el 1 y el 2 de octubre de 2026 hubo propietarios e inquilinos que hicieron cosas concretas al amparo de los decretos, y a ellos la respuesta general no les basta. Estas son las cinco situaciones, por orden de riesgo.
1. El inquilino que ya solicitó la prórroga extraordinaria de dos años. Es el supuesto discutido de la tabla anterior, y la variable decisiva no es la fecha de la solicitud sino la fecha del vencimiento: si el contrato vencía mientras el decreto estaba vigente, la solicitud tiene a su favor la postura de Magro Servet y el criterio intermedio de Monforte y Soler; si vence meses después, ninguna de las cuatro posturas la sostiene con claridad. Conserve la solicitud con fecha acreditable —burofax, correo certificado o cualquier medio que fije el día—, porque es el dato del que va a depender todo lo demás.
2. El propietario que no envió el preaviso esperando a ver qué votaba el Congreso. Es el que más puede perder, porque el silencio no es una posición neutra. Si el artículo 10 reescrito sobrevive, cada día que pasa estrecha la ventana de los seis meses de preaviso, y la reducción a cuatro meses de la disposición transitoria única es una regla de ajuste ligada a la entrada en vigor, no una ampliación indefinida del plazo. Y si el decreto cae, el régimen anterior le exigía igualmente cuatro meses. En las dos hipótesis esperar resta tiempo y no añade ninguna ventaja, porque un preaviso válido bajo el régimen más exigente lo es también bajo el más benigno. Notificar conserva la opción de no renovar; callar la va cerrando.
3. El propietario que notificó la no renovación con cuatro meses amparándose en la disposición transitoria. Es el supuesto más tranquilo de los cinco: cuatro meses era también el preaviso del artículo 10 anterior a la reforma, de modo que la notificación es válida sobrevivan los decretos o no. Y si además hizo constar por escrito, de forma expresa y detallada, una de las seis causas del artículo 10.2, tampoco ha perdido nada: una notificación que dice más de lo que la norma aplicable exige no es una notificación defectuosa. Un matiz que sí conviene revisar caso por caso: si al 2 de octubre faltaban menos de cuatro meses para el vencimiento, la regla de la disposición transitoria que hemos descrito no resuelve el problema por sí sola.
4. Quien firmó un contrato de temporada el 1 o el 2 de octubre. El artículo 9 bis viene del Real Decreto-ley 26/2026, no del 27/2026. Si el Congreso deroga el primero, desaparecen hacia el futuro el requisito de duración y, sobre todo, la conversión del primer contrato en arrendamiento de vivienda habitual cuando se encadenan más de dos. Lo que nadie ha explicado todavía es qué ocurre con el cómputo: un contrato firmado bajo la vigencia del artículo 9 bis que se encadene con otros dos cuando el artículo 9 bis ya no exista no tiene, sobre el papel, norma que aplicar. No es una duda teórica: es el escenario de quien ha firmado esta semana pensando en renovar en primavera.
5. Quien actualizó la renta aplicando el tope del dos por ciento. Esa actualización no se revierte: es un efecto instantáneo y agotado. Lo que cambia es la siguiente. Si el Real Decreto-ley 26/2026 decae, su disposición final sexta deja de topar las actualizaciones y el único límite que queda es el índice de referencia para la actualización de rentas (IRAV) de la disposición adicional undécima de la ley, que es un índice mensual variable y no un tope fijo del dos por ciento.
Los dos decretos se votan por separado. No hay, por tanto, dos escenarios, sino cuatro, y los que están generando más confusión son los dos intermedios, porque nadie los está explicando.
| Resultado de la votación | Qué queda en pie |
|---|---|
| A. Se convalidan los dos | Todo lo que describe esta guía sigue vigente: indemnización de doce mensualidades, prórrogas de cinco o siete años, prórroga extraordinaria de hasta dos años, tope del dos por ciento, artículo 9 bis y suspensión de desahucios frente a fondos. |
| B. Se derogan los dos | El artículo 10 recupera su redacción anterior al 2 de octubre: preaviso de cuatro meses, prórrogas anuales hasta un máximo de tres años y ninguna indemnización. Desaparecen la prórroga extraordinaria de dos años, el tope del dos por ciento, el artículo 9 bis y la suspensión de desahucios. |
| C. Se deroga solo el RDL 26/2026 | El artículo 10 reescrito sobrevive, con sus doce mensualidades y sus prórrogas de cinco o siete años, porque lo reescribió el otro decreto. Caen la prórroga extraordinaria de dos años, el tope del dos por ciento, el artículo 9 bis y la suspensión de desahucios. La disposición adicional primera del RDL 27/2026, que coordinaba ambas prórrogas, se queda sin objeto. Es la combinación que deja al propietario con la indemnización y al inquilino sin la prórroga de dos años ni el tope de renta. |
| D. Se deroga solo el RDL 27/2026 | El artículo 10 recupera su redacción anterior al 2 de octubre y desaparece la indemnización de doce mensualidades, pero sobreviven la prórroga extraordinaria de dos años, el tope del dos por ciento y el artículo 9 bis. Y desaparece con el decreto su disposición adicional primera, que excluía la prórroga de dos años cuando se aplicaba el artículo 10.1: sin esa regla, la prórroga extraordinaria se queda sin la excepción que la limitaba. |
El artículo 9.1 no se toca en ninguno de los cuatro escenarios. Los cinco años de plazo mínimo, o siete si el arrendador es persona jurídica, vienen del Real Decreto-ley 7/2019 y no dependen de esta votación. Lo que se vota es la prórroga que viene después del plazo mínimo, no el plazo mínimo.
Hay un detalle de calendario que casi nadie menciona y que esta semana puede decidir casos concretos: la derogación no coincide exactamente con la votación. El Congreso adopta un acuerdo, y ese acuerdo se publica después en el BOE mediante resolución de la Presidencia.
El precedente más reciente lo ilustra bien. El acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 8/2026 es de 28 de abril de 2026 y la resolución que lo publicó apareció en el BOE de 30 de abril. Dos días en los que la norma ya había sido rechazada por el Congreso y todavía no constaba publicada su derogación.
¿Qué ocurre con un preaviso enviado precisamente en esos dos días? No hay respuesta publicada. El artículo 86.2 de la Constitución sitúa el momento relevante en el pronunciamiento del Congreso, no en la publicación; la seguridad jurídica y el principio de publicidad de las normas empujan en sentido contrario. De modo que la recomendación práctica, si tiene que notificar algo esta semana, es sencilla: que la fecha de su notificación no caiga dentro de esa franja. Claramente antes, o claramente después. No porque exista una regla que lo imponga, sino porque no existe ninguna, y un día de diferencia puede convertir un caso claro en un caso discutible.
No es la primera vez, y el precedente es casi idéntico.
El Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, publicado en el BOE del 18 de diciembre, entró en vigor el 19 de diciembre de 2018 y fue el que elevó por primera vez el plazo mínimo de tres a cinco y siete años. El Congreso lo derogó por acuerdo de 22 de enero de 2019, publicado en el BOE del 24.
Cinco semanas de vigencia, y miles de contratos firmados en ese intervalo con un plazo mínimo de cinco o siete años que el régimen anterior no reconocía. El plazo mínimo volvió a ser de tres años hasta que el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, lo elevó otra vez, ahora sí de forma duradera, con efectos desde el 6 de marzo de 2019.
Han pasado más de siete años y no hay ninguna resolución judicial publicada que haya resuelto qué plazo mínimo rige para los contratos firmados en aquella ventana de cinco semanas. Tampoco la hay sobre las prórrogas del decreto de 2026.
La lectura mayoritaria, y a nuestro juicio la correcta, es que esos contratos conservan el plazo de cinco o siete años, porque se celebraron al amparo de una norma entonces válida. Pero conviene saber que es una lectura, no una certeza, y que quien afirme lo contrario con seguridad no está citando nada, porque no hay nada que citar.
El Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre de 2026 aprobó dos reales decretos-leyes que se publicaron en días distintos:
| Norma | Publicación | Qué hace |
|---|---|---|
| Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, de medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible BOE-A-2026-20266 |
BOE núm. 241, 30 de septiembre |
Modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, suspende desahucios de personas vulnerables, limita la actualización de renta y crea la prórroga extraordinaria de dos años |
| Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, de medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual BOE-A-2026-20385 |
BOE núm. 243, 1 de octubre |
Un único artículo: reescribe por completo el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos |
La entrada en vigor del RDL 26/2026 está escalonada, pero las excepciones son todas financieras: cuentas de ahorro e inversión, instituciones de inversión colectiva y registros. Ninguna afecta a la materia arrendaticia, de modo que lo que aquí interesa —las modificaciones de la ley de arrendamientos, la suspensión de desahucios, el límite de actualización de renta y la prórroga extraordinaria— está en vigor desde el 1 de octubre de 2026.
El RDL 27/2026 entra en vigor el día siguiente al de su publicación, es decir, el 2 de octubre de 2026. Hasta esa fecha sigue rigiendo la redacción anterior del artículo 10.
Ambos decretos deben ser sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, conforme al artículo 86.2 de la Constitución. Se votan por separado, de modo que uno puede sobrevivir y el otro decaer.
Lo que ocurra con su contrato si alguno de ellos se deroga es exactamente lo que explica el apartado 7 de esta guía. Y conviene recordar que en los últimos nueve meses el Congreso ha derogado tres reales decretos-leyes de vivienda.
El plazo mínimo no depende de la fecha en que usted lee esto, sino de la fecha en que se firmó el contrato. La disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 7/2019 lo dice sin rodeos: los contratos celebrados con anterioridad a su entrada en vigor «continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación», y solo pueden adaptarse al nuevo régimen por acuerdo de ambas partes.
| Contrato firmado | Plazo mínimo |
|---|---|
| Antes del 19 de diciembre de 2018 | 3 años |
| Entre el 19 de diciembre de 2018 y la derogación del RDL 21/2018 | 5 o 7 años (ventana discutida, apartado 8) |
| Entre esa derogación y el 5 de marzo de 2019 | 3 años |
| Desde el 6 de marzo de 2019 | 5 años, o 7 si el arrendador es persona jurídica |
Antes de contestar a nadie sobre su prórroga, lo primero es mirar la fecha de la firma. Es sorprendente la cantidad de conflictos que se resuelven ahí.
El Real Decreto-ley 27/2026 incorpora una disposición transitoria propia para los contratos ya vigentes, y de ella salen tres reglas que conviene tener a mano:
Hay además un régimen específico para los contratos en tácita reconducción del artículo 1566 del Código Civil, con cómputo conjunto del tiempo transcurrido, y una previsión expresa de que los requerimientos de no renovación anteriores conservan su eficacia y no dan lugar a la indemnización del artículo 10.1. Si usted ya había comunicado la no renovación antes de esta semana, eso le interesa mucho.
Desde el 2 de octubre de 2026, seis meses antes del vencimiento, frente a los cuatro que se exigían antes y a los dos que se exigen al inquilino. Y el preaviso debe hacer constar de forma expresa, detallada y por escrito la causa, si quiere acogerse a alguna de las que eximen de indemnizar.
Sí. El nuevo artículo 10.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos obliga al arrendador que comunica su voluntad de no prorrogar a indemnizar con el equivalente, al menos, a doce mensualidades de renta de una vivienda de características análogas, calculadas por referencia al sistema estatal de índices de precios de alquiler, y nunca menos de una mensualidad por cada año que el inquilino haya residido en la vivienda. No procede en los seis supuestos tasados del apartado 2.
Por plazos sucesivos de cinco años, o siete si el arrendador es persona jurídica. Antes eran plazos anuales hasta un máximo de tres años.
No. El artículo 10.1 dispone expresamente que la enajenación de la vivienda arrendada no afecta al derecho del arrendatario a la indemnización, que corresponderá al adquirente que se subrogue en la posición del arrendador, salvo que concurra alguna de las causas del apartado 2.
Hasta completar cinco años de duración total del arrendamiento, o siete si el arrendador es una persona jurídica. Se produce por plazos anuales y el propietario no puede impedirla, salvo que haya hecho constar en el contrato, el día de la firma, la necesidad de ocupar la vivienda conforme al artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
No. El artículo 6 de la LAU declara nulas, y se tienen por no puestas, las estipulaciones que perjudiquen al arrendatario respecto del régimen legal. La única excepción son los arrendamientos de más de 300 metros cuadrados o con una renta inicial anual superior a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional anual.
Es una cuestión abierta. No hay ninguna sentencia que lo resuelva y la doctrina está dividida entre quienes sostienen que la prórroga ejercitada durante la vigencia de la norma queda consolidada y quienes sostienen que no proyecta efectos más allá de la derogación. Lo único seguro es que un pacto expreso entre arrendador y arrendatario vincula con independencia de la suerte del decreto.
Sí, pero con límites. El nuevo artículo 9 bis exige una duración superior a treinta y un días y, como regla general, no superior a doce meses. Si se exceden sin causa justificada, o si se encadenan más de dos contratos consecutivos entre las mismas partes sobre la misma vivienda, el primero se entiende celebrado como arrendamiento de vivienda habitual, con el plazo mínimo y las prórrogas de los artículos 9 y 10.
Para las actualizaciones cuyo aniversario caiga hasta el 31 de diciembre de 2027, la disposición final sexta del Real Decreto-ley 26/2026 establece que, si la renta ya supera el límite del sistema estatal de índices, no procede incremento alguno; y que en los demás casos, a falta de nuevo pacto entre las partes, el incremento no puede superar el dos por ciento.
Juan A. Bartolomé Hernández · Abogado · Colegiado nº 93.470 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Ejerce en One Serrano Abogados, en Calle Serrano 93, Madrid, en derecho inmobiliario, contractual y bancario. Los preceptos citados en esta guía se han contrastado en el texto consolidado del BOE, y las referencias de los reales decretos-leyes y de los acuerdos de derogación se indican para que cualquier lector pueda comprobarlas.