Casi todo lo publicado sobre esta demanda está desfasado en dos puntos que deciden el caso: desde marzo de 2024 se tramita como juicio verbal, sea cual sea el valor del piso, y desde abril de 2025 no se admite si antes no se ha intentado negociar y se puede probar.
Esta guía es para quien ya ha decidido que no va a haber acuerdo, o que el otro no va a contestar. Si todavía está valorando qué vía le conviene, empiece por las tres formas de disolver un condominio. Si lo que le preocupa es el final del camino, el precio al que se vende un piso en subasta, está en la guía de la subasta judicial. Aquí está lo de en medio: qué se presenta, dónde, cómo se tramita y qué puede salir mal.
El 3 de abril de 2025 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Su artículo 5 convirtió en requisito de procedibilidad algo que antes era opcional: para que se admita la demanda hay que haber acudido previamente a algún medio adecuado de solución de controversias.
El apartado 2 del mismo artículo lo exige en todos los procesos declarativos del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es donde está el juicio verbal, con una lista cerrada de excepciones: derechos fundamentales, medidas del artículo 158 del Código Civil, apoyo a personas con discapacidad, filiación, tutela sumaria de la posesión, obra ruinosa, ciertas medidas de protección de menores y juicio cambiario. La división de cosa común no está en la lista. El requisito se le aplica.
La buena noticia es que el requisito es mucho menos pesado de lo que suena. El propio artículo 5.1 lo da por cumplido con la mediación, la conciliación, la opinión de un experto independiente o una oferta vinculante confidencial, pero también, «singularmente», cuando la actividad negociadora se desarrolla directamente entre las partes, o entre sus abogados. No hace falta pagar a un mediador. Hace falta haber intentado negociar y poder probarlo.
Esa es la parte que se hace mal. El artículo 10 exige que el intento conste documentalmente. Si las dos partes se sentaron, basta un documento firmado por ambas con su identidad, la fecha, el objeto de la controversia y la declaración de que intervinieron de buena fe. Si el otro no quiso sentarse, vale cualquier documento que pruebe que recibió la solicitud o la propuesta, en qué fecha, y que pudo acceder a su contenido íntegro.
Traducido a la práctica: un correo electrónico sin acuse de lectura es una prueba débil; un mensaje de WhatsApp, discutible. Lo que encaja exactamente con lo que pide el artículo 10 —recepción, fecha y acceso al contenido íntegro— es una comunicación con certificación de contenido y de entrega. La propuesta tiene que definir bien el objeto: qué inmueble, qué se propone hacer con él y a qué precio.
Si el otro no responde, no hay que esperar indefinidamente. El artículo 10.4 da por terminado el proceso sin acuerdo cuando transcurren treinta días naturales desde la recepción de la solicitud inicial sin respuesta, y el artículo 7.1 hace que la solicitud interrumpa la prescripción o suspenda la caducidad desde la fecha en que conste el intento de comunicación. En la división de cosa común eso último importa poco, porque la acción no prescribe entre condueños, pero los treinta días sí marcan el calendario.
El artículo 9 declara confidenciales el proceso de negociación y la documentación utilizada en él, salvo la información sobre si las partes acudieron o no y sobre el objeto de la controversia. Lo que usted ofrezca para cerrar un acuerdo no podrá aportarse después en el juicio como prueba de lo que «reconoció». Eso permite negociar con más libertad de la que la gente suele tomarse.
Un último motivo para hacerlo bien: el incumplimiento no solo impide que se admita la demanda. Tiene consecuencias en las costas, que vemos en el apartado 7.
Este es el dato que más desactualizado está en internet. Durante años, la acción de división de cosa común se tramitaba por el juicio que correspondiera por cuantía, y como un piso casi siempre vale más del umbral del verbal, acababa en juicio ordinario.
Eso cambió. El artículo 250.1.16.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2023, vigente desde el 20 de marzo de 2024, incluye entre los asuntos que se deciden en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, aquellos en los que se ejercite la acción de división de cosa común. Es una atribución por razón de la materia. El valor del inmueble ya no decide el procedimiento.
Para usted significa un procedimiento con menos trámites: contestación por escrito, una sola fase de proposición de prueba y, si el tribunal la considera necesaria, una vista. No hay audiencia previa.
El artículo 52.1.1.º resuelve la competencia territorial: en los juicios en que se ejercitan acciones reales sobre bienes inmuebles es competente el tribunal del lugar en que esté sita la cosa litigiosa. Cuando la acción recae sobre varios inmuebles, o sobre uno situado en distintas circunscripciones, el demandante puede elegir cualquiera de ellas.
El propio artículo 52 empieza advirtiendo que en estos casos no se aplican los fueros generales de los artículos anteriores. La consecuencia práctica: si usted vive en Madrid y el piso está en Valencia, el juicio es en Valencia, aunque el otro copropietario también viva en Madrid.
Aunque la cuantía ya no decide el tipo de juicio, la demanda tiene que expresarla, y conviene calcularla bien desde el principio porque el demandado puede impugnarla.
El artículo 251 la resuelve expresamente. Su regla 3.ª, número 6.º, extiende a las acciones de deslinde, amojonamiento y división de la cosa común la regla 2.ª: se estará al valor de los bienes al tiempo de interponerse la demanda, conforme a los precios corrientes en el mercado. El demandante puede servirse de valoraciones oficiales si no puede determinarlo de otro modo, pero con un suelo: a un inmueble no se le puede atribuir un valor inferior al que conste en el catastro.
En la práctica conviene llegar a la demanda con una tasación. Sirve para la cuantía, sirve para fijar un valor de referencia en la subasta y, sobre todo, sirve para la negociación previa del apartado 1.
El fundamento es siempre el mismo: el artículo 400 del Código Civil, que permite a cualquier copropietario pedir la división en cualquier tiempo. Lo que cambia es la petición, según el bien admita o no división material.
Lo que la demanda no puede pedir es que el juez le adjudique a usted el piso pagando al otro su parte. Esa adjudicación exige acuerdo. Si es lo que usted quiere, la vía es la negociación o, ya en la subasta, pujar: los comuneros pueden hacerlo, como explicamos en la guía de la subasta.
Con el procedimiento del juicio verbal reformado, el recorrido es este. Los plazos que se citan son los legales, no los reales: lo que tarda un juzgado en proveer cada escrito depende de su carga de trabajo.
En cualquier momento del recorrido las partes pueden llegar a un acuerdo y terminar el pleito. En nuestra experiencia, el momento en que más acuerdos se cierran es cuando el demandado recibe la demanda y comprende que la subasta va en serio.
El artículo 394.1 mantiene el criterio del vencimiento: paga las costas la parte que ve rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Si la estimación es parcial, el apartado 2 dispone que cada parte pague las suyas y las comunes por mitad.
La reforma de 2025 añadió dos reglas que conectan las costas con la negociación previa:
Por eso el requerimiento del apartado 1 no es un trámite que se cumple por cumplir. Bien hecho, protege su posición en costas; mal hecho, o ignorado por el otro, cambia quién paga.
Es una jugada que existe y conviene conocer. Ante la amenaza de una subasta, el otro copropietario vende su cuota a una empresa que compra participaciones indivisas con descuento, y usted se encuentra de repente compartiendo el piso con un profesional cuyo negocio es precisamente forzar la venta.
El Código Civil tiene respuesta. El artículo 1522 concede al copropietario el derecho de retracto cuando se enajena a un extraño la parte de alguno de los condueños: puede quedarse con esa cuota subrogándose en lugar del comprador y reembolsándole el precio. Si son varios los que quieren retraer, lo hacen a prorrata de su porción.
El plazo es el problema. El artículo 1524 lo fija en nueve días, contados desde la inscripción en el Registro de la Propiedad o, en su defecto, desde que el retrayente tuvo conocimiento de la venta. Nueve días se pasan sin darse cuenta. Si sospecha que la venta puede producirse, vigilar el Registro deja de ser una precaución exagerada.
Y el retracto tiene un efecto que va más allá del caso: como el comprador sabe que puede perder la operación al mismo precio que pagó, el precio al que compra queda expuesto. Puede ser la mejor oportunidad que tenga de quedarse con el inmueble por debajo de su valor.
No vamos a darle una cifra de meses. Los plazos legales de cada trámite son cortos, pero el tiempo real lo marca la carga del juzgado que le toque, y ese dato no lo puede prometer nadie que no conozca ese juzgado concreto en ese momento. Desconfíe de quien le asegure un calendario cerrado.
Lo que sí se puede decir con seguridad es la estructura: a los treinta días de la negociación previa hay que sumarle la tramitación del verbal, la ejecución de la sentencia y la subasta. Esa suma, comparada con lo que costaría ceder algo en la negociación, es el cálculo que conviene hacer antes de presentar la demanda, no después.
Un juicio verbal, cualquiera que sea el valor del bien. El artículo 250.1.16.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2023 y vigente desde el 20 de marzo de 2024, incluye entre las materias que se deciden en juicio verbal aquellas en las que se ejercite la acción de división de cosa común.
Sí. Desde el 3 de abril de 2025, el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025 exige acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias como requisito para que se admita la demanda en los procesos declarativos del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre los que está el juicio verbal. La división de cosa común no figura entre las materias exceptuadas. La negociación directa entre las partes, o entre sus abogados, cumple el requisito.
El artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2025 admite cualquier documento que pruebe que la otra parte recibió la solicitud o la propuesta, en qué fecha, y que pudo acceder a su contenido íntegro. Si pasan treinta días naturales desde la recepción sin respuesta, la negociación se entiende terminada sin acuerdo.
Ante el del lugar donde esté el inmueble. El artículo 52.1.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil atribuye la competencia en las acciones reales sobre inmuebles al tribunal del lugar en que esté sita la cosa litigiosa; si hay varios inmuebles en distintas circunscripciones, el demandante puede elegir.
Por el valor del bien. El artículo 251 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aplica a las acciones de división de la cosa común la regla del valor de los bienes al tiempo de interponer la demanda, conforme a los precios corrientes en el mercado, y no permite atribuir a un inmueble un valor inferior al catastral.
La regla general del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es que las paga la parte que ve rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho. Desde la reforma de 2025, además, quien rehusó sin justa causa participar en la negociación previa a la que fue convocado no obtiene condena en costas a su favor, y puede ser condenado a ellas aunque la estimación sea parcial.
Puede intentarlo mediante reconvención. El artículo 438.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil admite la reconvención en los juicios verbales siempre que no determine la improcedencia del juicio verbal y exista conexión con la demanda principal; la contestación a la reconvención se presenta en diez días.
Usted puede quedarse con esa parte pagando lo mismo que pagó el comprador. El artículo 1522 del Código Civil concede el retracto al copropietario cuando se enajena a un extraño la parte de alguno de los condueños, y el artículo 1524 fija el plazo en nueve días, contados desde la inscripción en el Registro o, en su defecto, desde que el retrayente conoció la venta.
Juan A. Bartolomé Hernández · Abogado · Colegiado nº 93.470 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Ejerce en One Serrano Abogados, en Calle Serrano 93, Madrid, en derecho inmobiliario, contractual y bancario, y lleva habitualmente procedimientos de extinción de condominio y división de la cosa común. Los artículos se citan a partir de su texto consolidado en el BOE, leído en la redacción vigente a la fecha de publicación.