Casi todas las liquidaciones de baja que llegan a un despacho están mal hechas, y siempre por el mismo motivo: aplican un único porcentaje a todo el dinero entregado. La ley distingue dos masas con topes muy distintos, y en Madrid la diferencia es de cuatro veces.
Hay dos conversaciones distintas detrás de la misma pregunta. Una es si conviene salir. La otra, que es la de este artículo, es cuánto dinero le van a devolver si sale, y cuánto de lo que le descuenten va a ser legal.
La respuesta no está en los estatutos de su cooperativa, aunque allí le dirán que sí. Está en dos o tres artículos de ley que fijan techos que los estatutos no pueden superar.
Antes de mirar un porcentaje hay que saber qué norma se aplica, porque las cifras cambian. El artículo 2 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas limita su propia aplicación a las cooperativas que desarrollan su actividad en varias comunidades autónomas, salvo que en una de ellas lo hagan con carácter principal, y a las de Ceuta y Melilla.
Dicho de otro modo: la ley estatal es la excepción. Una cooperativa que promueve un edificio en Madrid se rige por la Ley 2/2023, de 24 de febrero, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, que sustituyó a la Ley 4/1999 con efectos desde abril de 2023. Si su cooperativa se constituyó antes y nadie ha actualizado los estatutos, es muy probable que la liquidación que le presenten esté calculada con la ley derogada.
En esta guía se exponen los dos regímenes en paralelo, porque la diferencia entre ellos es, en algunos tramos, de cuatro veces.
Este es el apartado que más dinero recupera, y el que casi ninguna liquidación respeta.
Lo que usted ha entregado a la cooperativa no es una sola cosa. Son dos, jurídicamente distintas:
Y tienen topes de deducción distintos. El artículo 89.5 de la Ley 27/1999 lo dice sin rodeos: a las cantidades entregadas para financiar el pago de las viviendas y locales se les aplican las deducciones del artículo 51.3 «hasta un máximo del 50 por 100 de los porcentajes que en el mismo se establecen».
Como el tope del artículo 51.3 es el treinta por ciento, el tope sobre las cantidades entregadas para la vivienda es el quince por ciento. La mitad.
En Madrid la brecha es mucho mayor. El artículo 117.4 de la Ley 2/2023 fija que las deducciones por baja no justificada «no podrán ser superiores al veinte por ciento de las cantidades entregadas por el socio en concepto de capital y al cinco por ciento de las cantidades entregadas por él para financiar el pago de las viviendas, locales y anejos».
Coja el documento que le han dado y compruebe si aplica un solo porcentaje a la suma total. Si lo hace, está mal, y la diferencia es reclamable sin entrar en ninguna discusión de fondo.
Un ejemplo con números redondos para una cooperativa madrileña: 3.000 euros de capital social y 90.000 euros entregados para la vivienda. Aplicando un 20 % a todo, le retienen 18.600 euros. Aplicando la ley —20 % sobre 3.000 y 5 % sobre 90.000— le retienen 5.100. Trece mil quinientos euros de diferencia por saber que son dos masas y no una.
El artículo 17.1 de la Ley 27/1999 establece que el socio puede darse de baja voluntariamente en cualquier momento, mediante preaviso por escrito al Consejo Rector, y que el plazo de preaviso que fijen los estatutos «no podrá ser superior a un año». Su incumplimiento no invalida la baja: puede dar lugar a indemnización de daños y perjuicios.
En Madrid el techo es más corto: el preaviso estatutario no puede superar seis meses para las personas físicas y un año para las jurídicas.
Hay además un periodo mínimo de permanencia. El artículo 17.3 de la ley estatal permite que los estatutos exijan el compromiso de no darse de baja sin justa causa hasta el final del ejercicio o durante un tiempo desde la admisión «que no será superior a cinco años». La ley madrileña fija el mismo techo de cinco años.
Y existe una puerta de salida de cuarenta días que poca gente usa: el artículo 17.4 permite al socio que salvó expresamente su voto, o que estuvo ausente y disconforme, darse de baja con la consideración de justificada cuando la asamblea haya adoptado un acuerdo que implique la asunción de obligaciones o cargas gravemente onerosas no previstas en los estatutos. El escrito ha de dirigirse al Consejo Rector dentro de los cuarenta días siguientes a la recepción del acuerdo. Si le acaban de aprobar una derrama que no estaba prevista, ese plazo está corriendo.
Toda la diferencia económica depende de esta calificación, y la hace la propia cooperativa.
El artículo 17.2 de la Ley 27/1999 atribuye la calificación y determinación de los efectos de la baja al Consejo Rector, que debe formalizarla en el plazo de tres meses, salvo que los estatutos fijen otro, a contar desde la fecha de efectos de la baja, «por escrito motivado que habrá de ser comunicado al socio interesado». Y añade:
«Transcurrido dicho plazo sin haber resuelto el Consejo Rector, el socio podrá considerar su baja como justificada a los efectos de su liquidación y reembolso de aportaciones al capital.»
En Madrid la regla es equivalente pero el cómputo empieza antes: los tres meses cuentan desde que la comunicación de la baja es recibida por la cooperativa, no desde la fecha de efectos. Y transcurrido el plazo sin notificar, la baja se considera justificada.
Es la aportación de las sentencias del Tribunal Supremo 229/2021 y 231/2021, ambas de 27 de abril de 2021 (Sala Primera; la primera, recurso 3364/2018, ponente Vela Torres, en un caso de cooperativa de viviendas madrileña). El plazo de tres meses del artículo 17.2 abarca tanto la adopción del acuerdo como la recepción de su notificación por el socio: la comunicación es recepticia y la cooperativa debe asegurarse de que el socio la recibe, porque la calificación no puede quedar al albur de una notificación de la que se desconoce su efectividad y su fecha.
Consecuencia práctica: si no le notificaron dentro de los tres meses, o no pueden acreditar cuándo lo hicieron, su baja es justificada y la deducción porcentual desaparece por completo. Es la primera cosa que hay que comprobar, antes de discutir cualquier cifra.
Si le notificaron en plazo y no está de acuerdo con la calificación, el artículo 17.6 remite al artículo 18.3.c), que fija un mes desde la notificación para impugnar ante el Comité de Recursos —que debe resolver en dos meses— o, en su defecto, ante la Asamblea General. En Madrid el recurso se dirige a la asamblea o al Comité de Recursos conforme al artículo 42 de la Ley 2/2023. Conviene calendarizar ese mes el mismo día en que recibe la carta.
El artículo 51.1 de la Ley 27/1999 fija el principio, y es un principio de lista cerrada: la liquidación se hará según el balance de cierre del ejercicio en que se produzca la baja, «sin que se puedan efectuar deducciones, salvo las señaladas en los puntos 2 y 3 de este artículo».
Es decir: solo dos deducciones. Las pérdidas imputadas e imputables (apartado 2) y el porcentaje por baja no justificada (apartado 3). Cualquier otra retención —«gastos de administración», «penalización por baja», «quebranto de la promoción», «cuota de solidaridad»— no tiene cobertura legal, aunque figure en los estatutos.
Y el apartado 3 añade una precisión que se pasa por alto constantemente: la deducción procede «en el caso de baja no justificada por incumplimiento del período de permanencia mínimo, a que se hace referencia en el artículo 17.3». No en cualquier baja no justificada. Si sus estatutos no establecen periodo mínimo de permanencia, no hay base legal para retenerle ese porcentaje.
| Ley 27/1999 (estatal) | Ley 2/2023 (Madrid) | |
|---|---|---|
| Preaviso máximo estatutario | 1 año (art. 17.1) | 6 meses personas físicas, 1 año jurídicas |
| Permanencia mínima máxima | 5 años (art. 17.3) | 5 años |
| Base de la liquidación | Balance de cierre del ejercicio (art. 51.1) | Balance de situación del semestre (art. 53.1) |
| Deducción sobre el capital por baja no justificada | 30 %, y solo por incumplir la permanencia mínima (art. 51.3) | 20 % (arts. 53.2 y 117.4) |
| Deducción sobre las cantidades entregadas para la vivienda | 15 %: el 50 % del porcentaje anterior (art. 89.5) | 5 % (art. 117.4) |
| Deducción por expulsión | No prevista en el art. 51 | 30 % (art. 53.2) |
| Orden del cálculo | Pérdidas primero, porcentaje después (art. 51.3) | Porcentaje primero, pérdidas y deudas después (art. 53.2) |
| Plazo máximo de reembolso | 5 años desde la fecha de la baja (art. 51.5) | 3 años en general y 5 en expulsión, desde el día en que se cursó la baja (art. 53.3) |
| Fallecimiento | 1 año desde que se pone en conocimiento de la cooperativa | 1 año, con salvedad de la acreditación de heredero |
| Intereses del aplazamiento | Interés legal anual y al menos una quinta parte del principal cada año (art. 51.4) | Interés legal anual y una parte proporcional del total (art. 53.3) |
Es la divergencia menos visible de la tabla y la que más veces decide una reclamación.
En la ley estatal, el artículo 51.3 sitúa la deducción porcentual «una vez efectuados los ajustes señalados en el punto anterior», es decir, después de restar las pérdidas. Primero pérdidas, luego el porcentaje.
En Madrid es lo contrario. El artículo 53.2 de la Ley 2/2023 aplica la deducción porcentual sobre el importe resultante de la liquidación y, solo después, «una vez practicada, en su caso, la deducción», resta las pérdidas imputadas, las sanciones económicas no satisfechas y cualquier otra obligación de pago pendiente.
El resultado aritmético es distinto, y siempre peor para el socio en el esquema madrileño. Revisar el orden del cálculo en la hoja de liquidación suele valer más que discutir el porcentaje.
El artículo 51.5 de la Ley 27/1999: «El plazo para hacer efectivo el reembolso no podrá exceder de cinco años a partir de la fecha de la baja». En caso de fallecimiento, un año desde que el hecho se pone en conocimiento de la cooperativa.
El artículo 53.3 de la Ley 2/2023 es más favorable: el plazo cuenta desde el día en que se cursó la baja y no puede exceder de cinco años en caso de expulsión y de tres años en caso de otras bajas.
Y el aplazamiento no es gratis. El artículo 51.4 estatal dispone que la cuantía no es actualizable pero «dará derecho a percibir el interés legal del dinero, que deberá abonarse anualmente junto con, al menos, una quinta parte de la cantidad a reembolsar». En Madrid, interés legal anual más una parte proporcional del total.
Hay además dos reglas de cierre que conviene conocer. En la ley estatal, el artículo 51.2 da al Consejo Rector tres meses desde la aprobación de las cuentas del ejercicio de la baja para calcular el importe y comunicarlo. Y en Madrid, el artículo 53.1 añade una previsión pensada precisamente contra la cooperativa que no aprueba cuentas para no liquidar: si no se aprueban en el ejercicio de referencia, la liquidación deberá estar a disposición del socio antes de que termine el año natural inmediatamente siguiente.
Un dato que juega en contra y que conviene saber: el artículo 53.5 de la ley madrileña establece que el socio al que se le reembolsen las aportaciones responde, durante cinco años, de las deudas contraídas por la cooperativa con anterioridad a la fecha en que nace su derecho al reembolso, si el patrimonio social es insuficiente.
Si su cooperativa está en Madrid, este apartado es probablemente la mejor herramienta que tiene, y es la gran diferencia con la ley estatal.
El artículo 117.5 de la Ley 2/2023 establece causas de baja justificada «en todo caso», al margen de lo que digan los estatutos, debiendo acreditarse de forma fehaciente, además de las generales de la ley y las estatutarias:
| Causa legal de baja justificada | Umbral |
|---|---|
| Cambio del centro o lugar de trabajo del socio | A un municipio alejado más de cuarenta kilómetros del emplazamiento de la promoción |
| Desempleo prolongado, grave enfermedad, concurso u otra severa circunstancia familiar o personal | Que impidan hacer efectivas las aportaciones comprometidas en la promoción |
| Encarecimiento de la vivienda | Aumento superior al diez por ciento del coste total estimado en el plan de financiación, o la exigencia no prevista inicialmente de afianzar cantidades adicionales |
| Retraso en la entrega | Que supere los dieciocho meses respecto de la última fecha prevista en el plan de viabilidad |
| Paralización de las obras | Obras iniciadas y paradas durante doce meses |
Léalas despacio, porque describen exactamente lo que le ha pasado a la mayoría de los cooperativistas que llegan preguntando por su baja. Un retraso de más de dieciocho meses o una obra parada un año convierten en justificada la baja que la cooperativa querrá calificar de no justificada. Y con la baja justificada desaparece la deducción porcentual, los dos tramos.
El mismo artículo 117.4 añade, por si hubiera duda, que los estatutos deberán establecer las causas de baja justificada. Unos estatutos que no lo hagan están incumpliendo la ley, y eso es también argumento.
Es la respuesta estándar cuando usted pide su dinero, y tiene una base real: el artículo 89.5 de la Ley 27/1999 dispone que las cantidades entregadas y las aportaciones al capital «deberán reembolsarse a éste en el momento en que sea sustituido en sus derechos y obligaciones por otro socio». El artículo 117.4 madrileño dice lo mismo y añade «o por un tercero cuya subrogación en la posición de aquél sea válida».
El problema es evidente: si no entra nadie, no le pagan nunca. Y ahí está la sentencia que hay que citar.
La sentencia del Tribunal Supremo 289/2020, de 11 de junio (ROJ STS 1577/2020) rechaza las interpretaciones que someten el reembolso a condiciones potencialmente incumplibles, porque eso conduciría a la negación del propio derecho al reembolso. Y fija la solución: dentro del plazo máximo, el reembolso se produce cuando ingresa un nuevo socio, pero si transcurre el plazo sin que se haya producido la sustitución, deberá abonarse el reembolso sin más esperas ni condicionamientos.
La sentencia resolvió sobre una ley autonómica con plazo de cinco años, de modo que lo que fija es el principio, no una cifra. Pero el principio es el que importa: la cláusula de sustitución no alarga el plazo legal de reembolso. Agotados los cinco años del artículo 51.5 estatal, o los tres del artículo 53.3 madrileño, la cooperativa ya no puede oponer que nadie le ha sustituido.
En Madrid hay un refuerzo adicional: el artículo 123.2 de la Ley 2/2023 establece que, en las promociones ya iniciadas y completas, los socios de lista de espera solo tienen derecho a sustituir al que se da de baja si así lo establecen los estatutos. Si los estatutos no lo prevén, la sustitución no es un mecanismo que la cooperativa pueda invocar como condición: es algo que no existe.
Cuando el porcentaje no da para retener lo que la cooperativa quiere retener, aparecen las pérdidas. Y es la deducción más fácil de discutir, porque la ley le pone requisitos de forma.
El artículo 51.2 solo permite deducir las pérdidas «imputadas e imputables al socio, reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la baja», ya sean de ese ejercicio o de anteriores sin compensar. Tres exigencias, por tanto: que estén imputadas, que sean imputables a usted, y que estén reflejadas en el balance. Una pérdida estimada, prevista o calculada a posteriori no cumple ninguna de las tres.
En Madrid, el artículo 53.2 permite deducir además las sanciones económicas no satisfechas y cualquier otra obligación de pago pendiente derivada de la participación en la actividad cooperativizada. Ahí conviene mirar si esas sanciones se impusieron con el procedimiento disciplinario debido, porque si no, no son exigibles.
Y hay un límite que se olvida siempre: si la promoción va por fases, el artículo 90 de la Ley 27/1999 obliga a dotar a cada una de autonomía de gestión y patrimonial, con contabilidad independiente e individualización de todos los justificantes de cobros y pagos que no correspondan a créditos o deudas generales. No le pueden imputar las pérdidas de otra fase. Pida la contabilidad separada de la suya.
Conviene además comprobar si su cooperativa tenía auditoría obligatoria: el artículo 91 la impone cuando tiene en promoción más de cincuenta viviendas y locales, y también cuando corresponden a distintas fases o bloques que constituyan promociones diferenciadas a efectos económicos. Si había que auditar y no se auditó, las cuentas de las que sale su liquidación no están donde deberían estar.
Darse de baja no es la única salida, y a menudo no es la mejor. El artículo 92 de la Ley 27/1999 regula la transmisión de los derechos sobre la vivienda, y tiene un dato que sorprende a mucha gente.
Si quiere transmitir inter vivos sus derechos antes de que pasen cinco años —u otro plazo estatutario superior, que no puede exceder de diez— desde la licencia de primera ocupación o, en su defecto, desde la entrega de la posesión, debe ponerlos a disposición de la cooperativa, que los ofrecerá a los solicitantes de admisión por orden de antigüedad. Y el precio de tanteo es:
«Igual a la cantidad desembolsada por el socio que transmite sus derechos sobre la vivienda o local, incrementada con la revalorización que haya experimentado, conforme al índice de precios al consumo, durante el período comprendido entre las fechas de los distintos desembolsos parciales y la fecha de la comunicación de la intención de transmisión.»
No es el valor de mercado: es lo desembolsado más IPC. Transcurridos tres meses sin que ningún solicitante ejercite la preferencia, queda autorizado a transmitir a terceros no socios; y si pasa un año desde la comunicación sin haber transmitido, hay que repetir el ofrecimiento.
En Madrid el esquema es distinto: el artículo 123 no impone un tanteo legal a precio de IPC, sino que permite a los estatutos y a las normas de la promoción regular tanteo y retracto, con un plazo que no puede superar en ningún caso los diez años desde la adjudicación notarial de la vivienda.
Comparar las dos vías —baja con deducciones frente a transmisión a precio de IPC— con números concretos es lo que decide qué conviene hacer. Y son números que se pueden poner sobre la mesa en una sola reunión.
Primero: aceptar un único porcentaje sobre todo el dinero entregado. Es el error más caro y el más común. Capital social y cantidades entregadas para la vivienda tienen topes distintos: 30 % y 15 % en la ley estatal, 20 % y 5 % en Madrid. Una liquidación que no distingue las dos masas está mal hecha.
Segundo: dar por buena la calificación de «no justificada» sin comprobar dos cosas. Una, si los estatutos establecen periodo mínimo de permanencia, porque el artículo 51.3 solo autoriza la deducción en la baja no justificada por incumplimiento de ese periodo. Y dos, si su caso encaja en alguna de las causas legales del artículo 117.5 madrileño: retraso de más de dieciocho meses, obra parada doce, encarecimiento de más del diez por ciento, traslado laboral a más de cuarenta kilómetros.
Tercero: no comprobar la fecha de la notificación. Si el Consejo Rector no calificó y notificó en los tres meses, la baja es justificada por ministerio de la ley y la deducción desaparece. Las sentencias 229/2021 y 231/2021 exigen que la cooperativa acredite la recepción dentro del plazo. Es lo primero que hay que pedir.
Cuarto: aceptar que el reembolso quede pendiente «hasta que entre otro socio». La condición opera dentro del plazo máximo, no por encima de él. Agotados los tres años en Madrid o los cinco de la ley estatal, hay que pagar sin más condicionamientos.
Quinto: tragar la imputación de pérdidas sin pedir su soporte. Han de estar imputadas, ser imputables al socio y figurar en el balance de cierre. Y si la promoción va por fases, no pueden ser las de otra fase.
Si lo que ha ocurrido es que la gestora ha entrado en concurso, antes de pedir la baja conviene leer cómo se reclaman las cantidades entregadas en ese caso: existe una vía frente a la gestora y frente a la entidad de crédito que no pasa por el régimen de deducciones de este artículo, y pedir la baja antes de tiempo puede meterle en él sin necesidad.
Depende de la ley aplicable y de qué dinero se trate. En la ley estatal, hasta el 30 % de las aportaciones obligatorias al capital y hasta el 15 % de las cantidades entregadas para financiar la vivienda. En Madrid, hasta el 20 % del capital y hasta el 5 % de las cantidades entregadas para la vivienda. Son topes máximos: los estatutos pueden fijar menos, nunca más.
En la ley estatal, el plazo no puede exceder de cinco años desde la fecha de la baja. En Madrid, tres años para las bajas distintas de la expulsión y cinco para la expulsión, contados desde el día en que se cursó la baja. El aplazamiento devenga el interés legal del dinero.
Solo dentro del plazo máximo de reembolso. La sentencia del Tribunal Supremo 289/2020, de 11 de junio, descarta que el reembolso pueda someterse a una condición potencialmente incumplible: agotado el plazo sin sustitución, hay que abonarlo sin más esperas ni condicionamientos.
Que puede considerar su baja como justificada a efectos de liquidación y reembolso, conforme al artículo 17.2 de la Ley 27/1999. Y el plazo incluye la notificación: si no pueden acreditar que usted la recibió dentro de los tres meses, la calificación no se sostiene.
No. El artículo 51.1 cierra la lista: no cabe efectuar deducciones salvo las de sus apartados 2 y 3, es decir, las pérdidas imputadas e imputables y el porcentaje por baja no justificada. Cualquier otro concepto carece de cobertura legal aunque figure en los estatutos.
Además de las que fijen los estatutos, la ley madrileña declara justificadas en todo caso el traslado del centro de trabajo a más de cuarenta kilómetros, el desempleo prolongado o la grave enfermedad que impidan pagar, el encarecimiento de la vivienda en más del diez por ciento, el retraso en la entrega de más de dieciocho meses y la paralización de obras iniciadas durante doce meses.
Hay que comparar con números. En la ley estatal, la transmisión obliga a ofrecer los derechos a la cooperativa a un precio de tanteo igual a lo desembolsado más la revalorización según el índice de precios al consumo, que a menudo deja más que la baja con deducciones. Depende de cuánto haya entregado, de cuándo y de qué digan sus estatutos.
En la ley estatal, un mes desde la notificación ante el Comité de Recursos, que debe resolver en dos meses, o ante la Asamblea General. En Madrid el recurso se dirige a la asamblea o al Comité de Recursos conforme al artículo 42 de la Ley 2/2023. Conviene fijar ese plazo en el calendario el mismo día en que recibe la carta.
Juan A. Bartolomé Hernández · Abogado · Colegiado nº 93.470 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Ejerce en One Serrano Abogados, en Calle Serrano 93, Madrid, en derecho inmobiliario, contractual y bancario, con atención particular a los conflictos de cooperativas de viviendas. Los preceptos citados en esta guía se han contrastado uno por uno en el texto consolidado del BOE, y las sentencias se identifican por número y fecha para que cualquier lector pueda comprobarlas.