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La gestora de mi cooperativa está en concurso: ¿cómo recupero mi dinero?

Cooperativas de vivienda · Concurso y recuperación de cantidades · Publicado el 2 de octubre de 2026 · 16 min de lectura

Si la gestora de su cooperativa ha entrado en concurso, la pregunta no es si puede reclamar, sino a quién. Y la respuesta que casi nadie da es que, cuando no hubo garantía ni cuenta especial, el Tribunal Supremo hace responder a la entidad de crédito que recibió los ingresos.

El concurso de la gestora es el momento en que el cooperativista descubre que llevaba años sin saber a quién le estaba pagando. Ha ingresado treinta, ochenta o ciento veinte mil euros, tiene recibos a nombre de una sociedad que ahora está en concurso, y la obra está parada.

La reacción natural es ponerse en la cola de acreedores de la gestora. Suele ser la peor de las tres opciones disponibles, y a veces es la única que se agota sin cobrar nada.

1. La cooperativa y la gestora no son lo mismo

Esta distinción no es terminología: decide a quién se demanda.

La cooperativa es la promotora. Usted es socio de ella, no cliente. La gestora es una empresa mercantil que la cooperativa contrata para administrar la promoción, y es un tercero: ni es su contraparte contractual como socio ni es la titular del patrimonio de la promoción, que pertenece a la cooperativa.

De ahí tres consecuencias prácticas que casi siempre se pasan por alto:

  • El concurso de la gestora no extingue las obligaciones de la cooperativa. La cooperativa sigue siendo promotora y sigue debiendo lo que debía.
  • Su derecho al reembolso de aportaciones lo tiene frente a la cooperativa, no frente a la gestora concursada. Ese crédito no se comunica en el concurso de la gestora porque no es un crédito contra ella.
  • Y, además, puede tener un crédito distinto frente a la gestora, por no haber constituido la garantía de las cantidades entregadas. Ese sí se comunica en el concurso.

Antes de cualquier otra cosa hay que saber también qué ley rige su cooperativa. El artículo 2 de la Ley 27/1999 limita su aplicación a las cooperativas que desarrollan su actividad en varias comunidades autónomas, salvo que en una de ellas lo hagan con carácter principal, y a las de Ceuta y Melilla. La mayoría de las cooperativas madrileñas se rigen por la Ley 2/2023, de 24 de febrero, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, que sustituyó a la Ley 4/1999 en abril de 2023 y tiene plazos y porcentajes propios.

2. La fecha que decide el régimen aplicable

La primera pregunta que le va a hacer cualquier abogado que sepa de esto no es cuánto entregó, sino cuándo.

La Ley 57/1968, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas (BOE-A-1968-909, BOE de 29 de julio de 1968), y el Decreto 3114/1968, de 12 de diciembre, que la aplicaba expresamente a comunidades y cooperativas de viviendas, estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2015. La disposición derogatoria tercera de la Ley de Ordenación de la Edificación, introducida por la disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, los derogó con efectos desde el 1 de enero de 2016, junto con la Orden de 29 de noviembre de 1968.

Desde entonces el régimen está en la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE-A-1999-21567).

Por qué esto importa tanto

La derogación no es retroactiva: a las cantidades entregadas antes del 1 de enero de 2016 se les sigue aplicando la Ley 57/1968 y su Decreto de desarrollo. Y eso juega a favor del cooperativista, porque el Decreto 3114/1968 contenía dos reglas que la ley nueva no reproduce con la misma claridad: imponía la garantía a las Juntas Rectoras de las cooperativas, y hacía responsables del cumplimiento tanto a los gestores como a los miembros de esas Juntas.

En promociones largas, lo normal es que haya entregas a los dos lados de esa frontera. Hay que separarlas euro por euro.

3. Las dos obligaciones que alguien ha incumplido

La disposición adicional primera de la Ley de Ordenación de la Edificación se dirige a quien promueva la construcción de viviendas «incluidas las que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa». No hay duda de que alcanza a su cooperativa.

Y le impone dos condiciones que son cumulativas, no alternativas:

  1. Garantizar la devolución de las cantidades entregadas, más los intereses legales, desde la obtención de la licencia de edificación, mediante contrato de seguro de caución o aval solidario emitido por entidad de crédito, para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido.
  2. Percibir ese dinero a través de una cuenta especial, separada de cualquier otro fondo del promotor, de la que solo pueda disponerse para atenciones derivadas de la construcción.

El segundo requisito termina con una frase de nueve palabras que es, probablemente, la más valiosa de todo este artículo:

«Para la apertura de estas cuentas o depósitos la entidad de crédito, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior.»

Es decir: la ley le impone un deber al banco. Y donde hay un deber legal incumplido hay un responsable solvente.

El apartado cuarto de esa misma disposición le reconoce además, si la construcción no se inicia o la vivienda no se entrega en plazo, la opción entre rescindir el contrato con devolución de las cantidades más intereses o conceder una prórroga mediante modificación del contrato. Y el apartado segundo permite reclamar directamente al avalista o al asegurador cuando han transcurrido treinta días desde el requerimiento al promotor sin respuesta.

4. El banco responde del total que se ingresó en él

Esta es la vía que la mayoría de los cooperativistas no sabe que existe, y es la única en la que al otro lado hay dinero.

La sentencia del Tribunal Supremo 733/2015, de 21 de diciembre (Sala Primera, recurso de casación 2470/2012, ponente Marín Castán) fijó doctrina en estos términos:

«En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad.»

Tres cosas conviene leer despacio en ese párrafo.

La responsabilidad es legal, no contractual. Usted no tiene ningún contrato con el banco, y no le hace falta. La obligación nace de la ley.

No es subsidiaria de la insolvencia del promotor. No hay que agotar primero la vía contra la cooperativa ni contra la gestora, ni esperar al final del concurso. Es una acción autónoma que puede ejercitarse en paralelo, y conviene ejercitarla en paralelo.

El límite es lo ingresado en esa entidad, no todo lo que usted pagó. Si repartió los ingresos entre dos bancos, cada uno responde de lo suyo. Y si pagó en efectivo o en mano, de eso no responde ninguno.

La misma doctrina se reitera en la sentencia 1046/2024, de 22 de julio (Sala Primera, Sección Primera, recurso 1321/2020, ponente Marín Castán, ROJ STS 4167/2024), que precisa que esa responsabilidad no depende de que las cantidades se hayan ingresado en la cuenta especial: nace del incumplimiento del deber de control sobre los ingresos recibidos en cualesquiera cuentas del promotor.

5. Lo que hay que probar: la sentencia que absolvió al banco

Si solo se lee la sentencia de 2015, la conclusión parece que el banco responde siempre. No es así, y la sentencia que marca el límite es más reciente y bastante menos conocida.

En esa misma sentencia 1046/2024 el Tribunal Supremo absolvió a la entidad. La razón es la que debe organizar toda la prueba del caso: la responsabilidad exige que el banco «conoció o tuvo que conocer la existencia de esos ingresos a cuenta del precio de venta de viviendas», y no cabe exigirle «una labor inquisitiva sobre cualquier ingreso» hecho en una cuenta de la promotora.

En el caso concreto el banco quedó libre porque desconocía el contrato y la promoción, porque la cuenta era una cuenta ordinaria abierta antes del contrato y, de modo decisivo, porque al hacer los ingresos no se especificó que fueran cantidades a cuenta del precio de viviendas.

Traducido a lo que usted tiene que mirar hoy

El caso no se gana con el impago. Se gana con el concepto de la transferencia. Saque sus movimientos bancarios y compruebe cuatro cosas:

  • Que los ingresos están identificados, con fecha e importe.
  • Que fueron a cuentas abiertas en una entidad concreta a nombre de la cooperativa o de la gestora.
  • Que el concepto permitía al banco saber que eran aportaciones a cuenta de una vivienda. «Aportación vivienda fase II» sirve. «Transferencia» o «ingreso» no.
  • Que el ordenante era usted. Los ingresos hechos por un tercero son, con esta sentencia, el principal punto de fracaso.

Y hay un límite simétrico: cuando el banco sí abrió la cuenta especial y sí exigió la garantía, cumplió. El Tribunal Supremo ha revocado condenas solidarias en ese escenario, razonando que la entidad no tiene que actuar como garante universal del avalista o del asegurador. Su deber es el que la ley le impone, no más.

6. La gestora responde, y precisamente por ser profesional

Para las cooperativas existe una sentencia específica, y es la pieza central de cualquier reclamación de este tipo.

La sentencia del Tribunal Supremo 469/2016, de 12 de julio (Sala Primera, recurso 2649/2013, ponente Marín Castán, ROJ STS 3459/2016, ECLI:ES:TS:2016:3459) reconoce el derecho del cooperativista a recuperar las cantidades anticipadas por no haberse obtenido la garantía imperativa de devolución, y atribuye esa responsabilidad de modo primordial a la gestora profesional de cooperativas, precisamente por su condición de profesional. En aquel caso condenó a la gestora a devolver 42.254,47 euros más intereses legales.

Pero conviene citarla entera, porque tiene dos matices que a los cooperativistas no les gustan y que un abogado honesto tiene que anticipar:

  • El derecho a recuperar las cantidades se declara no con cargo a la cooperativa, sino frente a la gestora.
  • Y la desvinculación de la cooperativa, una vez recuperado el dinero, ha de ajustarse a los estatutos, sin que el procedimiento sea necesariamente el de la baja voluntaria.

Dicho de otro modo: esta sentencia le abre una vía frente a la gestora que esquiva por completo el régimen de deducciones por baja, que es lo que suele comerse entre el cinco y el treinta por ciento de lo aportado. Es una ventaja considerable, y la razón por la que esta acción no debe confundirse con la de darse de baja.

Si la gestora está en concurso, este crédito es el que hay que comunicar en él. Y si la gestora no tiene nada, este crédito es el que justifica mirar hacia los administradores y hacia los miembros de la Junta Rectora, con el apoyo adicional del artículo 5 del Decreto 3114/1968 cuando las entregas son anteriores a 2016.

7. La prescripción: el cálculo que va antes de todo

Este apartado es el más desagradable del artículo y por eso va antes de la parte práctica. Si su promoción se frustró hace años, es posible que ya no haya nada que hacer, y conviene saberlo antes de pagar una provisión de fondos.

La acción es personal y no tiene plazo especial, de modo que se rige por el artículo 1964.2 del Código Civil. Ese precepto fue modificado por la disposición final primera de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, con efectos desde el 7 de octubre de 2015, y hoy dice:

«Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación.»

Antes de esa reforma el plazo era de quince años. Y para las acciones nacidas antes, la disposición transitoria quinta de esa misma Ley 42/2015 establece:

«El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil.»

Y el artículo 1939 dispone que la prescripción comenzada antes se regirá por las leyes anteriores, «pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo».

Qué significa ese juego de preceptos

La lectura mayoritaria, y a nuestro juicio la correcta, es que las acciones nacidas antes del 7 de octubre de 2015 quedaron sujetas al nuevo plazo de cinco años contado desde esa fecha. Para las promociones que se frustraron entre 2008 y 2013 eso coloca el vencimiento en octubre de 2020, salvo que la prescripción se interrumpiera antes.

Es una lectura, no una certeza: el precepto no fija una fecha, fija un mecanismo. Pero es el cálculo que hay que hacer el primer día, y no el último.

Dos reglas más que deciden casos:

La interrupción no se reparte sola. El artículo 1974 del Código Civil extiende la interrupción a todos los deudores solo en las obligaciones solidarias. Reclamar a la cooperativa no interrumpe necesariamente frente al banco, ni frente a la aseguradora. Si hay riesgo de prescripción, el requerimiento fehaciente hay que dirigirlo a todos y el mismo día: cooperativa, gestora, administradores, avalista o asegurador y entidad de crédito.

Frente a la aseguradora la situación no está cerrada. Existe jurisprudencia que aplica a la acción contra la aseguradora del seguro de caución el plazo general del artículo 1964 del Código Civil, y existe también una sentencia 626/2024, de 9 de mayo (recurso 6286/2019, ponente Vela Torres) que aplica el plazo de dos años del artículo 23 de la Ley de Contrato de Seguro y niega que la reclamación al tomador interrumpa la prescripción frente al asegurador. Ese pronunciamiento tiene particularidades propias y no puede darse por sentado que desplace la línea anterior, pero sí obliga a una conclusión práctica: no cuente con dos años largos frente a la aseguradora, y requiérala por separado.

8. Lo que hay que hacer antes del auto de concurso

Aquí hay una trampa procesal que se cierra sola y que casi nadie ve venir.

El artículo 160 del Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020) dice:

«Declarado el concurso, la facultad de resolución del contrato por incumplimiento anterior a la declaración de concurso solo podrá ejercitarse si el contrato fuera de tracto sucesivo.»

Un contrato de adjudicación de vivienda en cooperativa no es de tracto sucesivo. Por tanto, una vez declarado el concurso de la cooperativa ya no podrá resolver por el incumplimiento anterior. La opción de rescisión que le da el apartado cuarto de la disposición adicional primera de la Ley de Ordenación de la Edificación hay que ejercitarla antes, y dejarla documentada con fecha acreditable.

Si la concursada es la gestora y no la cooperativa, este problema no le afecta a su relación con la cooperativa. Pero si la que va al concurso es la cooperativa, cada semana cuenta.

9. Cómo se comunica el crédito sin que acabe subordinado

El plazo lo fija el propio auto, y el artículo 28.1.4.º del Texto Refundido establece su contenido: el llamamiento a los acreedores para que comuniquen sus créditos «en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la declaración de concurso en el Boletín Oficial del Estado».

El artículo 255 confirma que la comunicación se hace dentro del plazo señalado en el auto, a la administración concursal. El artículo 256 fija el contenido, que incluye la clasificación pretendida, y el 257 la forma: por escrito firmado, presencialmente, por correo o por medios electrónicos.

El error que convierte su crédito en papel mojado

El artículo 268 permite comunicar después, entre la conclusión del plazo de impugnación de la lista y la presentación de la lista definitiva. Pero su apartado 2 añade que esos créditos, si se reconocen, «se clasificarán como créditos subordinados», salvo que el acreedor justifique no haber tenido noticia de su existencia antes de la conclusión de aquel plazo.

Y un crédito subordinado, en un concurso de una gestora inmobiliaria, no cobra. Su crédito, comunicado en plazo, es ordinario por aplicación del artículo 269.3, que define los ordinarios como los que no sean privilegiados ni subordinados.

Comunicado el crédito, queda vigilar la lista de acreedores e impugnarla si aparece mal clasificado o por importe inferior. Esa impugnación tiene su propio plazo y es donde se pierde más dinero por simple inercia.

10. Los documentos que deciden el caso

La lista no es genérica: cada línea sale de un requisito que la ley o el Tribunal Supremo exigen probar.

DocumentoQué prueba
Movimientos bancarios de cada entrega, no los recibos de la cooperativaFecha, importe, ordenante, entidad y cuenta de destino y concepto. Es lo que decide el caso frente al banco según la sentencia 1046/2024
Contrato de adhesión y de adjudicación de vivienda, y estatutos vigentesQué entregó en concepto de capital social y qué entregó para financiar la vivienda: son dos masas con régimen distinto
Contrato entre la cooperativa y la gestoraQué funciones asumió la gestora, con qué retribución y con qué régimen de responsabilidad
Licencia de edificación y fechaLa garantía se exige desde la licencia: antes de ella no hay incumplimiento de ese deber
Póliza de seguro de caución o aval, y certificado individualSi no existen, acredite que los pidió por escrito y que no se le entregaron
Certificación de la entidad sobre la titularidad de la cuenta y su carácter de cuenta especialEl incumplimiento del deber del banco. Es el documento que más cuesta obtener y el más valioso
Plan de viabilidad, fecha de entrega prevista y prueba del incumplimientoObra no iniciada, paralizada o no entregada en plazo
Cuentas anuales e informe de auditoríaEs obligatoria cuando la cooperativa tiene más de cincuenta viviendas y locales en promoción, o cuando hay varias fases (art. 91 de la Ley 27/1999)
Contabilidad independiente de su faseEl artículo 90 obliga a autonomía de gestión y patrimonial por fase. Es la prueba de que no le están cargando las pérdidas de otra promoción
Publicidad de la promociónSuele identificar qué aseguradora y qué entidad de crédito se anunciaron como garantes

El orden en que conviene actuar

  1. Datar las entregas y separar las anteriores al 1 de enero de 2016 de las posteriores.
  2. Calcular la prescripción y, si hay riesgo, interrumpirla el mismo día frente a todos los posibles responsables por separado.
  3. Requerir y, en su caso, rescindir, antes de que se declare cualquier concurso.
  4. Reclamar al avalista o asegurador transcurridos treinta días desde el requerimiento al promotor sin respuesta.
  5. Dirigirse al banco en paralelo, no en subsidio, y solo a la entidad que recibió los ingresos.
  6. Comunicar el crédito en el concurso dentro del mes, con la clasificación pretendida, y vigilar la lista de acreedores.

11. Cinco errores que arruinan la reclamación

Primero: ponerse solo en la cola del concurso. Es el error más caro y el más frecuente. La acción contra el banco es legal y autónoma, y no está condicionada a que la gestora no pague. Mientras usted espera el informe de la administración concursal, el plazo contra la entidad sigue corriendo.

Segundo: haber ingresado sin concepto, o a través de un tercero. Ya no es un detalle administrativo: es lo que absolvió al banco en la sentencia 1046/2024. Si los ingresos los hizo su cónyuge, su padre o una sociedad suya, y el concepto no decía nada, la acción contra la entidad nace tocada.

Tercero: esperar al concurso para resolver el contrato. El artículo 160 del Texto Refundido cierra esa puerta el día del auto, y no se vuelve a abrir.

Cuarto: comunicar el crédito fuera de plazo. Un mes desde el día siguiente a la publicación en el BOE. Después, subordinación por el artículo 268, y la subordinación en estos concursos equivale a no cobrar.

Quinto: confundir la reclamación de cantidades con la baja en la cooperativa. Son dos cosas distintas y la sentencia 469/2016 lo dice expresamente: recuperado el dinero, la desvinculación se ajusta a los estatutos y no pasa necesariamente por la baja voluntaria. Pedir la baja antes de tiempo puede meterle en el régimen de deducciones sin necesidad ninguna. Si lo que quiere es salir, conviene leer antes qué le pueden deducir si se da de baja.

12. Preguntas frecuentes

Si la gestora está en concurso, ¿puedo reclamar a la cooperativa?

Su derecho al reembolso de aportaciones lo tiene frente a la cooperativa, que sigue existiendo y sigue siendo la promotora. Lo que la sentencia 469/2016 declara es que la devolución de las cantidades entregadas por falta de garantía no se hace con cargo a la cooperativa, sino frente a la gestora. Son dos reclamaciones distintas y pueden convivir.

¿Puedo demandar al banco si no tengo ningún contrato con él?

Sí. La responsabilidad del artículo 1-2.ª de la Ley 57/1968, hoy en la disposición adicional primera de la Ley de Ordenación de la Edificación, es legal y no contractual: nace del deber de exigir la garantía antes de abrir la cuenta, que la ley impone a la entidad «bajo su responsabilidad».

¿De cuánto responde el banco?

Del total de las cantidades que usted ingresó en cuentas abiertas en esa entidad, según la sentencia 733/2015. No de lo que ingresó en otro banco, ni de lo que pagó en efectivo.

¿Y si el banco sí abrió una cuenta especial?

Entonces cumplió su deber legal y la acción contra él está abocada al fracaso. El Tribunal Supremo ha revocado condenas solidarias en ese supuesto: la entidad no es garante universal del avalista ni del asegurador.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar?

Cinco años desde que pudo exigirse el cumplimiento, por el artículo 1964.2 del Código Civil. Para acciones nacidas antes del 7 de octubre de 2015 hay que aplicar la disposición transitoria quinta de la Ley 42/2015 y el artículo 1939 del Código Civil, y la lectura mayoritaria sitúa el vencimiento en octubre de 2020. Es el primer cálculo que hay que hacer.

¿Reclamar a la cooperativa interrumpe el plazo frente al banco?

No necesariamente. El artículo 1974 del Código Civil extiende la interrupción solo en las obligaciones solidarias. Requiera a cada responsable por separado y el mismo día.

Tenía aval colectivo pero nunca me dieron el certificado individual, ¿he perdido la garantía?

No lo dé por perdido. Es una situación muy frecuente en cooperativas y existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha permitido exigir responsabilidad a la aseguradora en garantías colectivas pese a la falta de certificado individual. Conviene revisar la póliza antes de descartar esa vía.

¿Qué pasa si la promoción iba por fases y solo ha fracasado la mía?

El artículo 90 de la Ley 27/1999 obliga a dotar a cada fase de autonomía de gestión y patrimonial, con contabilidad independiente. Eso juega a su favor: impide que le carguen las pérdidas de otra fase, y obliga a la cooperativa a acreditar a qué patrimonio separado correspondía su dinero.

Sobre el autor

Juan A. Bartolomé Hernández · Abogado · Colegiado nº 93.470 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

Ejerce en One Serrano Abogados, en Calle Serrano 93, Madrid, en derecho inmobiliario, contractual y bancario, con atención particular a los conflictos de cooperativas de viviendas que no entregan. Los preceptos citados en esta guía se han contrastado en el texto consolidado del BOE, y las sentencias se identifican por sala, fecha, número y recurso para que cualquier lector pueda comprobarlas.

Fuentes normativas y jurisprudenciales citadas Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, BOE-A-1999-21567, disposición adicional primera (apartados Uno, Dos y Cuatro) y disposición derogatoria tercera · Ley 20/2015, de 14 de julio, BOE-A-2015-7897, disposición final tercera, en vigor desde el 1 de enero de 2016 · Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, BOE-A-1968-909, BOE de 29 de julio de 1968, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015 · Decreto 3114/1968, de 12 de diciembre, BOE de 24 de diciembre de 1968 · Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, BOE-A-1999-15681 (arts. 2, 51, 89, 90, 91 y 92) · Ley 2/2023, de 24 de febrero, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, BOE-A-2023-13672 · Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, texto refundido de la Ley Concursal, BOE-A-2020-4859 (arts. 28.1.4.º, 158, 160, 255, 256, 257, 268 y 269) · Código Civil, arts. 1939, 1964.2 y 1974 · Ley 42/2015, de 5 de octubre, BOE-A-2015-10727, disposición final primera y disposición transitoria quinta, en vigor desde el 7 de octubre de 2015 · Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, art. 23 · STS 733/2015, de 21 de diciembre, Sala Primera, rec. 2470/2012, ponente Marín Castán · STS 469/2016, de 12 de julio, Sala Primera, rec. 2649/2013, ponente Marín Castán, ROJ STS 3459/2016 · STS 1046/2024, de 22 de julio, Sala Primera, Sección Primera, rec. 1321/2020, ponente Marín Castán, ROJ STS 4167/2024 · STS 626/2024, de 9 de mayo, rec. 6286/2019, ponente Vela Torres.
Este artículo tiene finalidad informativa y refleja el estado de la normativa y la jurisprudencia a 2 de octubre de 2026. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el examen del caso concreto, del que dependen el régimen aplicable y los plazos. El régimen de la Ley 27/1999 solo se aplica a las cooperativas comprendidas en su artículo 2: la mayoría se rigen por la ley autonómica correspondiente, con porcentajes y plazos distintos. El cómputo de la prescripción de las acciones nacidas antes del 7 de octubre de 2015 se expone como la lectura mayoritaria del juego entre la disposición transitoria quinta de la Ley 42/2015 y el artículo 1939 del Código Civil, no como criterio jurisprudencial cerrado. Sobre el plazo de la acción frente a la aseguradora del seguro de caución existen pronunciamientos divergentes que se señalan expresamente en el apartado 7.