En un divorcio con piso en común casi todo el mundo discute el precio. Lo que decide cuánto se lleva cada uno de verdad son otras tres cosas: el régimen económico en que estaban casados, quién sigue debiendo la hipoteca y quién hereda la plusvalía latente del piso.
La mayoría de los condominios que acaban en un despacho nacen de una ruptura. Dos personas compran juntas una vivienda y, años después, una quiere seguir viviendo allí y la otra quiere su dinero. La operación jurídica es la misma que en cualquier otro condominio —está explicada en las tres vías para disolver un condominio—, pero el divorcio añade cuatro capas que cambian el resultado: el régimen económico, el uso de la vivienda, la hipoteca y el IRPF.
La primera pregunta que hacemos en una consulta de este tipo no es cuánto vale el piso. Es en qué régimen económico estaban casados, si lo estaban. La respuesta cambia la naturaleza de la operación y su tributación:
Hay casos mixtos —una vivienda comprada antes de casarse y pagada después con dinero ganancial, por ejemplo— que hay que estudiar con las escrituras y los movimientos bancarios delante. No se resuelven con una regla general, y conviene no dar por hecho cuál es la respuesta.
La adjudicación de la vivienda a uno de los cónyuges, compensando al otro, se hace dentro de la liquidación de la sociedad. Lo relevante para usted son sus dos consecuencias fiscales, que el legislador trata expresamente:
La liquidación puede hacerse de mutuo acuerdo, dentro del convenio regulador o en escritura, o judicialmente si no hay acuerdo, mediante el procedimiento específico de liquidación del régimen económico matrimonial. Este segundo camino no es el de la división de cosa común.
Aquí sí estamos ante un condominio, y se aplica todo lo que explicamos en la guía general. Lo esencial:
Ese desequilibrio —el que quiere quedarse necesita al otro; el que quiere salir, no— es el que gobierna casi todas estas negociaciones. Quien quiere conservar la vivienda familiar suele creer que tiene la posición fuerte. En términos legales, la tiene el otro.
En un divorcio con hijos hay un elemento que no existe en otros condominios: la atribución del uso de la vivienda familiar.
El artículo 96 del Código Civil, en la redacción dada por la Ley 8/2021, establece que, en defecto de acuerdo aprobado por el juez, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos comunes menores y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos ellos alcancen la mayoría de edad. Si alguno tiene una discapacidad que aconseje prolongarlo, el juez fija el plazo. Sin hijos, el uso puede atribuirse al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije, si su interés es el más necesitado de protección.
Y el apartado 3 añade la regla que más afecta a la propiedad: para disponer de la vivienda cuyo uso ha sido atribuido hace falta el consentimiento de ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial, y esa restricción se hace constar en el Registro de la Propiedad.
La atribución del uso no cambia quién es propietario. Pero cambia lo que vale la propiedad en el mercado, porque cualquier comprador ve en el Registro que otra persona tiene derecho a vivir allí. Por eso es un error frecuente negociar el uso en el convenio y el precio del piso por separado, como si fueran dos conversaciones distintas. Son la misma: lo que se concede en una se paga en la otra.
Es el error más caro de todos los que vemos, y se repite en casi todos los divorcios con vivienda hipotecada.
El convenio regulador puede decir que la hipoteca la pagará en adelante quien se queda el piso. Esa cláusula obliga a los dos cónyuges entre sí. Al banco no le obliga en nada, porque no la ha firmado. El artículo 405 del Código Civil lo confirma desde el lado de la propiedad: la división de la cosa común no perjudica a tercero, que conserva los derechos de hipoteca que le pertenecieran antes de la partición.
El resultado posible es devastador: usted firma, deja de ser propietario, y sigue siendo deudor de un préstamo cuyo pago depende de su ex. Si deja de pagar, el banco puede reclamarle a usted.
Primero, la entidad acepta liberar al que sale, lo que normalmente exige que el que se queda acredite capacidad para asumir la deuda en solitario. Después, la escritura. Si el banco no acepta, conviene saberlo antes de firmar nada, porque cambia por completo qué acuerdo le interesa.
Un matiz útil en el sentido contrario: asumir la deuda hipotecaria cuenta como pago. La sentencia del Tribunal Supremo 1502/2019, de 30 de octubre, declara que la asunción de la deuda hipotecaria constituye compensación en metálico, y que el criterio no varía porque las participaciones de los copropietarios fueran distintas.
Este apartado vale dinero, y casi nadie lo tiene en cuenta al negociar.
El artículo 33.2 de la Ley del IRPF dispone que «se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio» en tres supuestos: la división de la cosa común, la disolución de la sociedad de gananciales o la extinción del régimen de participación, y la disolución de comunidades de bienes o la separación de comuneros. Sin alteración patrimonial no hay ganancia ni pérdida patrimonial. Quien recibe dinero por su mitad, en principio, no declara una ganancia por ello en ese momento, siempre que la operación sea efectivamente una división y no encubra otra cosa.
Hasta aquí, buena noticia para los dos. Pero el mismo artículo termina con una frase que cambia el reparto: «Los supuestos a que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos.»
Lea las consecuencias despacio. Quien se adjudica la vivienda no la «compra» a efectos del IRPF: conserva los valores de adquisición originales, los de cuando se compró. Cuando algún día la venda, la ganancia patrimonial se calculará desde esos valores históricos, no desde el valor por el que compensó a su ex. La plusvalía acumulada desde la compra —también la de la mitad que era del otro— no desaparece: se queda con el piso.
Dicho de otro modo: el que sale cobra sin tributar, y el que se queda hereda la factura fiscal pendiente. En una vivienda comprada hace quince o veinte años, esa diferencia puede ser importante. No es un motivo para no quedarse el piso, pero sí un elemento legítimo del precio, y conviene que un asesor fiscal lo cuantifique sobre las cifras reales antes de cerrarlo.
Además del IRPF, la adjudicación tributa en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y de nuevo depende del régimen:
Y una advertencia para las parejas que tienen más de una vivienda en común, o una vivienda y una plaza de garaje: el artículo 7.2.B) del texto refundido solo excluye de transmisiones patrimoniales los excesos de adjudicación que surgen de aplicar el párrafo primero del artículo 1062 del Código Civil, es decir, la adjudicación de una cosa indivisible a uno compensando al otro. Cómo se reparten varios bienes entre los dos cambia la factura. Es una decisión de estructura que se toma antes de la notaría, no en ella.
Y una recomendación general: el convenio regulador se firma una vez y se revisa muy difícilmente. Lo que no quede bien resuelto sobre la vivienda en él, acaba resolviéndose años después en un pleito de división de cosa común, con los hijos ya mayores, el uso extinguido y la subasta como horizonte.
No exactamente. Si la vivienda se adquirió como ganancial, lo que hay que hacer es liquidar la sociedad de gananciales, y la vivienda se adjudica dentro de esa liquidación. La extinción de condominio en sentido propio es la de los matrimonios en separación de bienes y las parejas de hecho que compraron juntos, que son copropietarios ordinarios.
El artículo 33.2 de la Ley del IRPF establece que no existe alteración en la composición del patrimonio en los supuestos de división de la cosa común, en la disolución de la sociedad de gananciales y en la disolución de comunidades de bienes. Sin alteración patrimonial no hay ganancia ni pérdida que declarar en ese momento, siempre que la operación sea efectivamente una división y no encubra otra cosa.
El mismo artículo 33.2 de la Ley del IRPF dispone que esos supuestos no pueden dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes recibidos. Quien se adjudica la vivienda conserva los valores de adquisición originales, de modo que cuando venda, la ganancia se calculará desde ellos. Conviene cuantificarlo antes de pactar el precio.
Depende del régimen. Si es una liquidación de gananciales, el artículo 45.I.B).3 del texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales declara exentas las adjudicaciones a los cónyuges en pago de su haber de gananciales. Si eran copropietarios en separación de bienes, se aplica la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo 344/2019: cuota gradual de actos jurídicos documentados, con base en el cincuenta por ciento del valor comprobado.
Frente al banco, no. El convenio regulador obliga a los cónyuges entre sí, pero la entidad no lo ha firmado. El artículo 405 del Código Civil establece que la división de la cosa común no perjudica a tercero, que conserva sus derechos de hipoteca. Para quedar liberado hace falta que el banco consienta.
A efectos del impuesto, sí. La sentencia del Tribunal Supremo 1502/2019, de 30 de octubre, declara que la asunción de la deuda hipotecaria constituye compensación en metálico.
No por su sola voluntad. El artículo 96.3 del Código Civil exige, para disponer de la vivienda cuyo uso ha sido atribuido, el consentimiento de ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial, y la restricción se hace constar en el Registro de la Propiedad.
En defecto de acuerdo aprobado judicialmente, el artículo 96.1 del Código Civil atribuye el uso a los hijos comunes menores y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos ellos alcancen la mayoría de edad, con una regla especial para hijos con discapacidad.
Juan A. Bartolomé Hernández · Abogado · Colegiado nº 93.470 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Ejerce en One Serrano Abogados, en Calle Serrano 93, Madrid, en derecho inmobiliario, contractual y bancario, y lleva habitualmente procedimientos de extinción de condominio y división de la cosa común. El artículo 33.2 de la Ley del IRPF se cita entre comillas por su literalidad, leída en el texto consolidado del BOE; el resto de preceptos se describen a partir de su texto consolidado vigente.